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Angola busca US$ 1.400 millones para el agro pese a las dudas sobre la tierra

Angola promueve oportunidades agroindustriales por US$ 1.400 millones entre inversores brasileños y de otros países. La propiedad estatal de la tierra y el acceso limitado al crédito siguen siendo obstáculos, pese a las concesiones de largo plazo y los planes de ampliar la financiación agrícola.

Angola busca US$ 1.400 millones para el agro pese a las dudas sobre la tierra

Angola presenta oportunidades por US$ 1.400 millones

Angola busca atraer inversión brasileña hacia un mercado agroindustrial cuyo potencial alcanza los US$ 1.400 millones, según el ministro de Agricultura y Bosques, Isaac dos Anjos. El país quiere posicionarse como centro de producción para los mercados africanos, mientras inversores chinos, portugueses y brasileños muestran interés en sus tierras agrícolas, informó Estadão.

Dos Anjos afirmó que Angola está preparada para recibir inversores, pero no a cualquier precio. También rechazó las críticas de participantes brasileños sobre una posible falta de seguridad jurídica. En Angola, la tierra pertenece al Estado y se entrega a los productores mediante concesiones, sin transferirse como propiedad privada.

El ministro recordó que un acuerdo bilateral firmado durante una visita del entonces ministro brasileño de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro, ya permitió ceder terrenos para la producción de empresas brasileñas. Brasil es un socio importante, pero no constituye la única alternativa para Angola ante el interés de otros países.

El régimen de tierras complica las garantías y el crédito

La controversia se hizo visible cuando la exministra de Agricultura y exsenadora brasileña Katia Abreu preguntó si las tierras angoleñas podían utilizarse como garantía de préstamos bancarios. Señaló que el agronegocio brasileño accede actualmente a tipos de interés más bajos y subsidiados por el Gobierno. Los productores suelen garantizar los préstamos con la cosecha, aunque la tierra cumplió esa función durante las primeras etapas de desarrollo del sector.

Los productores brasileños consideran que la propiedad estatal genera riesgo jurídico y dificulta la obtención de crédito para producir. João Doria, presidente de Lide Global, presentó una evaluación distinta. Afirmó que la normativa vigente permite desarrollar proyectos agrícolas con concesiones de 60 años, renovables por otros 60 años, lo que en su opinión ofrece suficiente seguridad jurídica.

Joaquim Quintas, presidente de la comisión ejecutiva del Banco de Desarrollo de Angola, dijo que la propiedad de las tierras no es un asunto de la institución y que los bancos tienen un fuerte interés en financiar el sector. Identificó como principal barrera la escasa incorporación de los productores al sistema bancario formal. La agricultura representa actualmente el 6 % de la cartera crediticia del banco y la meta es elevar esa participación al 15 %. Aun así, los productores locales denunciaron repetidamente en el foro la falta de acceso al crédito.

La avicultura y el empleo aumentan la urgencia

Dos Anjos señaló la producción avícola como una de las áreas abiertas al capital extranjero. Afirmó que Angola está preparada para producir al menos 180 millones de toneladas de pollo, frente a los 600 millones de toneladas que importa actualmente. Las cifras fueron proporcionadas por el ministro y publicadas por Estadão. Según su planteamiento, empresas exitosas que cubran el 20 % de ese volumen podrían atraer a más inversores.

Abreu relacionó la urgencia de Angola con la necesidad de crear empleo para miles de personas menores de 25 años. También mencionó a la familia Schmidt, de Grupo Schmidt Agrícola, entre los productores que visitan la región para estudiar oportunidades. Tras las reuniones de una delegación empresarial brasileña con el Gobierno angoleño, la Cámara de Comercio Angola-Brasil y Lide Angola firmaron un memorando de entendimiento para atraer inversión brasileña. La conversión de esas conversaciones en explotaciones operativas dependerá de las condiciones de las concesiones, de garantías aceptables para los bancos y del acceso efectivo al crédito.

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