El agotamiento del agua en el sur de España pone en riesgo el suministro hortofrutícola europeo

Las zonas de producción del sur de España aportan alrededor de una cuarta parte de las frutas y hortalizas frescas de Europa y abastecen todo el año a mercados de climas más fríos. El agua subterránea que sostiene esa producción se está agotando. En el Parque Nacional de Doñana, en la costa atlántica —un humedal protegido por la UNESCO que acoge a millones de aves migratorias y a especies amenazadas como el lince ibérico—, amplias zonas se están secando por la subida de las temperaturas, la sequía prolongada y décadas de riego intensivo, según la información de Deutsche Welle recogida por vneconomy.vn.

Del secano al oro rojo

Parte del entorno de Doñana, antiguo coto real de caza con marismas y lagunas, empezó a cultivarse en secano a principios del siglo XX. En 1971, bajo el gobierno del general Francisco Franco, las autoridades declararon el regadío de la zona de interés nacional. El Plan Almonte-Marismas, que toma su nombre del acuífero explotado, formó parte de una gran apuesta estatal por aumentar la producción de alimentos, y la Administración apostó por la fresa, a la que llamó oro rojo.

La economía explica esa apuesta. Según cálculos basados en datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la fresa puede generar ingresos brutos de hasta 150.000 euros —unos 170.000 dólares— por hectárea y año, frente a unos 20.000 euros de la patata y 15.000 euros de la uva. Las concesiones y cupos de agua se otorgaron con amplitud, al parecer sin calcular del todo cuánto podía aportar el acuífero de forma sostenible. A medida que crecía la superficie plantada, ni siquiera los cupos legales bastaron, y parte de los agricultores recurrió a sondeos y balsas sin autorización para cubrir el déficit.

Más de 1.000 pozos ilegales

Según WWF España, en 2016 el humedal de Doñana contaba con más de 1.000 pozos ilegales y más de 1.700 balsas utilizadas para riego ilegal, sobre una superficie equivalente a unos 4.200 campos de fútbol. Estas instalaciones no solo extraen agua del acuífero: también reducen el suministro a los vecinos y añaden presión sobre un ecosistema protegido.

Cada año hace más calor y el agua desaparece a una velocidad asombrosa, declaró a DW un vecino de El Rocío, al norte del humedal. Otro residente señaló que su mayor preocupación era el ganado, porque el pozo no da agua suficiente para atender todas las necesidades a la vez. Pedro Banez, de la comunidad de usuarios de agua del Condado, atribuye la pérdida de control a una sequía severa y prolongada sumada a la falta de atención de la Administración, y apunta que algunas fincas, o partes de ellas, quedan fuera del suelo clasificado como regadío y aun así buscan agua.

Tribunales, drones y contadores manipulados

El control se intensificó después de que en 2019 un niño de dos años cayera en un sondeo profundo, presuntamente ilegal, en una finca cercana a Málaga y falleciera. La Guardia Civil creó entonces unidades especializadas en extracción y uso ilegal de agua. En 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que España no había protegido el acuífero de Doñana, incumpliendo la normativa comunitaria.

Policía y organizaciones ambientales como WWF España combinan hoy varias herramientas para rastrear las extracciones ilegales, no solo en Doñana sino en otras comarcas agrícolas españolas con estrés hídrico. Las investigaciones suelen empezar con imágenes de satélite, contrastadas con los mapas de derechos sobre el suelo para detectar parcelas más verdes de lo que permite su situación legal. Las zonas sospechosas se inspeccionan después con dron. Algunos pozos son totalmente ilegales; otros tienen concesión pero bombean por encima del límite, lo que obliga a inspecciones sobre el terreno. Los investigadores señalan que la manipulación de los caudalímetros es habitual: una de las prácticas consiste en colocar imanes potentes junto al aparato para alterar su mecanismo interno y extraer agua sin que quede registrada en su totalidad. Quienes son sorprendidos extrayendo agua ilegalmente pueden enfrentarse a cargos por delitos contra el medio ambiente y fraude, normalmente castigados con multas, aunque las penas pueden llegar a cinco años de cárcel.

Un plan de 1.400 millones y una nueva partida de coste

Para revertir décadas de sobreexplotación, las administraciones autonómica y central han negociado un plan coordinado de 1.400 millones de euros. El Gobierno sigue sellando pozos ilegales: solo en el entorno de Doñana se han clausurado cerca de 300. Las autoridades también han empezado a recomprar tierras agrícolas, restaurar ecosistemas y convertir esas superficies en zonas protegidas, mientras varios fondos apoyan la creación de empleo en turismo y energías renovables como alternativa a la agricultura intensiva en agua.

Los agricultores están cambiando en paralelo sus métodos. El riego por goteo, que lleva el agua a cada planta mediante un gotero individual y se combina con sensores de humedad del suelo, se usa ya de forma generalizada y reduce tanto el consumo de agua como el exceso de fertilizante. Algunos productores están pasando a cultivos menos exigentes y desplazando la plantación a meses más frescos. El resultado es que el agua por unidad de producto se convierte en una variable de coste junto a la tierra, la mano de obra, los fertilizantes y la energía. Si el recurso sigue menguando, la ventaja española de producir todo el año queda expuesta, justo cuando la producción hortofrutícola se desplaza hacia regiones con menores costes laborales, menos restricciones y climas favorables. México, Brasil y Colombia abastecen parte del mercado estadounidense, los países del Sudeste Asiático envían grandes volúmenes a China y Japón, y en el norte de África Marruecos y Egipto ganan terreno.