El sector español del ajo pide protección urgente a la UE tras las licencias de Marruecos

Marruecos implanta licencias de importación

La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo de España, ANPCA, ha reclamado medidas urgentes a la Unión Europea para proteger la producción comunitaria. La petición llega después de que Marruecos estableciera un sistema de licencias para importar ajo fresco. La organización considera que la decisión muestra cómo los países terceros pueden controlar las entradas cuando buscan defender sus mercados internos.

Según AgroNews Castilla y León, Marruecos publicó el 24 de septiembre la Circular número 6775/311, que introduce licencias para las importaciones de ajo fresco clasificadas con el código 07032000. ANPCA afirmó que la medida no había sido anunciada ni comunicada previamente al sector español y expresó su sorpresa ante su adopción.

La asociación prevé que el requisito pueda dificultar el comercio con Marruecos, un destino importante para los productores y comercializadores españoles. De acuerdo con ANPCA, los consumidores marroquíes valoran el ajo morado español por su calidad y sus propiedades organolépticas. La organización no aportó datos sobre el volumen o el valor del comercio que podría verse afectado.

El sector apunta al arancel vigente desde 2001

La respuesta de ANPCA va más allá del riesgo inmediato para las exportaciones españolas. La asociación dice comprender la intención de Marruecos de proteger a sus productores, pero sostiene que la UE también debe revisar las herramientas disponibles para su propia industria. Su principal demanda se refiere al arancel específico aplicado al ajo de países terceros que entra fuera de contingente.

La UE fijó ese arancel en 1.200 euros por tonelada en 2001 y, según ANPCA, no lo ha actualizado durante 25 años. A juicio de la asociación, la inflación y la subida de los precios han reducido su valor real y han debilitado su capacidad para disuadir las importaciones procedentes de países con costes de producción inferiores.

Los agricultores europeos afrontan al mismo tiempo mayores gastos en mano de obra, energía, fertilizantes, productos fitosanitarios, agua y maquinaria agrícola. ANPCA también destaca las exigencias europeas en materia laboral, medioambiental, fitosanitaria y de seguridad alimentaria. La asociación considera que estas obligaciones elevan los costes y deben tenerse en cuenta al definir las condiciones comerciales para proveedores de países terceros.

Los productores españoles alertan sobre una menor oferta

ANPCA asegura que lleva años solicitando a la Comisión Europea una revisión de la protección comercial del ajo, especialmente del arancel extracuota de 1.200 euros por tonelada. Ahora pide actualizar esa cuantía y analizar la evolución de las importaciones, las diferencias de costes entre países y los efectos de la política comercial vigente sobre la competitividad y la viabilidad económica de los productores europeos.

La organización identifica a España como el principal productor de ajo de la UE. El cultivo genera actividad económica y empleo en zonas rurales, tanto en las explotaciones como en las empresas dedicadas a manipular, acondicionar y comercializar el producto. ANPCA advierte de que una pérdida continuada de rentabilidad podría reducir la superficie cultivada y amenazar la continuidad de algunas explotaciones.

Una menor producción comunitaria también aumentaría la dependencia de los suministros de países terceros, según la asociación. La decisión marroquí tiene así un doble efecto para el sector español: puede crear una barrera en un mercado de exportación consolidado y ofrece un ejemplo político para sus reivindicaciones en Bruselas. Cualquier respuesta europea afectaría no solo a los agricultores, sino también a procesadores, operadores comerciales e importadores que trabajan dentro del sistema de contingentes y aranceles.