Egipto prepara recortes de azúcar añadido y la industria pide una aplicación gradual
Egipto prepara una ley para reducir el azúcar añadido en alimentos procesados y bebidas como parte de su estrategia contra las enfermedades no transmisibles. Los fabricantes respaldan una aplicación gradual y ven la estevia como una vía para reducir importaciones de azúcar, aunque persisten retos de costes y aceptación del consumidor.
El Gobierno prepara un nuevo marco sobre el azúcar
Egipto está redactando una ley para reducir el azúcar añadido en alimentos y bebidas de fabricación industrial. La medida forma parte de una estrategia nacional contra la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Al-Masry Al-Youm informó de que la iniciativa surgió tras una reunión de los ministros responsables de salud, inversión e industria, con participación de la Organización Mundial de la Salud.
El marco propuesto combinará previsiblemente la educación pública, la detección temprana y unos hábitos de consumo más saludables con una reducción gradual del azúcar. Las empresas dispondrían de tiempo para adaptar sus recetas y procesos. Los datos oficiales citados por Al-Masry Al-Youm indican que las enfermedades no transmisibles representan alrededor del 86% de todas las muertes en Egipto, lo que sitúa los riesgos alimentarios entre las prioridades del Gobierno.
Los fabricantes apoyan una reformulación gradual
Emad Ramses, miembro de la Cámara de Industrias Alimentarias de la Federación de Industrias Egipcias y responsable de una empresa de zumos naturales, declaró a Al-Masry Al-Youm que el sector privado respalda la orientación del Gobierno. Añadió que la aplicación debe ser gradual y coordinarse con las organizaciones empresariales para proteger la salud pública sin perjudicar a fabricantes ni consumidores.
Según Ramses, los productores egipcios tienen capacidad técnica para rediseñar productos y ampliar la oferta de alimentos y bebidas con menos azúcar. Las categorías afectadas irían más allá de los zumos e incluirían otras bebidas, confitería, galletas y mermeladas. La reformulación deberá conservar la calidad y la competitividad, especialmente para las empresas que atienden tanto al mercado nacional como a destinos de exportación con especificaciones distintas.
La actividad exportadora ya muestra las diferencias entre mercados. Ramses señaló que Suecia, Alemania e Italia importan zumos naturales egipcios sin azúcar añadido, mientras algunos mercados árabes permiten niveles de entre el 2% y el 3%. A su juicio, una parte de los consumidores egipcios podría aceptar esos porcentajes, aunque el conjunto del mercado necesitará tiempo para habituarse a un sabor menos dulce.
La estevia podría cambiar la demanda y el comercio de azúcar
Ramses identificó la estevia como uno de los principales sustitutos naturales. Afirmó que la producción de un fedán de estevia equivale a la de unos 250 fedanes de remolacha azucarera. El cultivo también requiere menos agua y sus hojas pueden cosecharse cinco veces al año durante un máximo de siete años. Una mayor superficie cultivada podría reducir la factura egipcia de importación de azúcar y aliviar la presión sobre las tierras dedicadas a la caña.
Las hojas de estevia son unas 250 veces más dulces que el azúcar convencional y no contienen calorías, según Ramses. El ingrediente puede emplearse en zumos, otras bebidas, confitería, galletas y mermeladas dirigidas a consumidores con diabetes, obesidad o hipertensión. La fructosa es otra alternativa, pero Ramses advirtió de que elevaría notablemente los costes de producción, por lo que estos productos se orientarían principalmente a consumidores de mayores ingresos.
El calendario determinará la rapidez con la que la política afecta a la demanda de azúcar refinado, edulcorantes e ingredientes para reformulación. Ramses pidió coordinación entre las cámaras industriales y comerciales, la Federación de Industrias Egipcias y la Autoridad Nacional de Seguridad Alimentaria, además de campañas informativas antes de la entrada en vigor. Estimó que el mercado egipcio necesitaría entre 3 y 5 años para adaptarse por completo si la aplicación es gradual y existe cooperación entre Gobierno y empresas.
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