Organización pide a EEUU restablecer el veto al azúcar dominicano por trabajo forzoso

Más de tres años investigando las plantaciones

Corporate Accountability Lab pidió al Gobierno de EEUU que restablezca la prohibición de importar azúcar y productos relacionados fabricados por Central Romana Corporation, Ltd. La organización de derechos humanos sostiene que el trabajo forzoso persiste en las plantaciones de la empresa en República Dominicana. Según Associated Press, la entidad sin ánimo de lucro dedicó más de tres años a investigar las condiciones laborales del mayor empleador y propietario de tierras del país.

Los cañaverales de Central Romana abarcan más de 173.700 acres. Organizaciones civiles locales calculan que emplean hasta 8.000 trabajadores. Muchos son migrantes haitianos o descendientes de estos. Algunos nacieron en República Dominicana, pero carecen de ciudadanía, lo que limita sus posibilidades de encontrar otro trabajo. Corporate Accountability Lab identificó como grupos más vulnerables a los trabajadores apátridas y a los cortadores de caña de edad avanzada que no han cobrado sus prestaciones de jubilación.

La anterior restricción estadounidense fue revocada

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU investigó anteriormente a Central Romana. El organismo acusó a la empresa de aislar a trabajadores, retener salarios, mantener condiciones laborales y de vida abusivas, y exigir jornadas extraordinarias excesivas. En 2022, EEUU prohibió importar el azúcar y los productos relacionados elaborados por la compañía. La Administración Trump revocó la medida el año pasado, informó Associated Press.

Central Romana rechazó las conclusiones del nuevo informe. En una respuesta incluida en el documento, la empresa afirmó que estaba “plagado de inexactitudes y falsedades” y negó haber vulnerado las leyes dominicanas o las normas laborales internacionales. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud adicional de Associated Press. El informe señaló que uno de sus propietarios es Fanjul Corp., grupo radicado en Florida y dueño de Florida Crystals.

Denuncias sobre salarios y viviendas

Los trabajadores y las organizaciones locales llevan años denunciando salarios impagados o insuficientes y viviendas hacinadas que con frecuencia carecen de agua o electricidad. Periodistas de Associated Press verificaron esas condiciones de vida en los últimos años. El informe también describe un clima de miedo que impide cuestionar el cálculo de los salarios u organizarse. Un estudio reciente del Departamento de Trabajo de EEUU reflejó preocupaciones similares, mientras el Gobierno estadounidense calificó las condiciones en las plantaciones de “inhumanas” y “abusivas”.

Corporate Accountability Lab pidió a Central Romana que inscriba a los trabajadores en el sistema dominicano de seguridad social, pague al menos el salario mínimo diario, permita la afiliación a un sindicato independiente y mejore la protección sanitaria. También instó a los compradores de azúcar a aplicar un código de conducta elaborado por los trabajadores. La organización reclamó al Gobierno dominicano que regularice la situación migratoria de las personas contratadas para cortar caña, abone las pensiones pendientes y haga cumplir las leyes laborales y ambientales.

La decisión comercial cambiaría el riesgo de compra

República Dominicana exporta azúcar y otros productos a EEUU, su mayor mercado. Restablecer la prohibición restringiría directamente el acceso de Central Romana a los compradores estadounidenses y obligaría a los importadores a revisar proveedores, origen de los productos y procedimientos de cumplimiento laboral. La organización fue más allá y pidió a todos los gobiernos que prohíban el azúcar y los productos azucarados dominicanos elaborados mediante trabajo forzoso.

Por ahora no se ha anunciado una nueva restricción. El problema comercial inmediato es la incertidumbre regulatoria: los compradores estadounidenses deben sopesar el acceso al suministro de Central Romana frente a la posibilidad de otra medida de control. Para los productores dominicanos, la documentación de los trabajadores, los registros salariales, la vivienda y la supervisión laboral independiente concentran ahora el riesgo de acceso al mercado.