La Comisión Europea cuestiona el plan alemán de etiquetado obligatorio de cría animal
La Comisión Europea considera que extender la etiqueta alemana obligatoria de cría animal a la carne importada no se ajusta, en su forma actual, a las normas de la UE. Las objeciones generan riesgos de cumplimiento antes del inicio del sistema para la carne de cerdo, aplazado hasta comienzos de 2027.
Bruselas objeta al tratamiento de la carne importada
La Comisión Europea ha cuestionado el plan de Alemania para incorporar la carne importada a su etiqueta estatal obligatoria sobre la cría de animales. Según L’essentiel, la Comisión considera que la propuesta, en su forma actual, es incompatible con las normas de la Unión Europea. Si Alemania la aplicara sin cambios, podría afrontar un procedimiento de infracción.
El Ministerio Federal de Agricultura alemán indicó que está examinando el dictamen. Las objeciones afectan a las modificaciones que la coalición gobernante de la Unión y el Partido Socialdemócrata prepara para una ley aprobada en 2023 por el anterior Gobierno. Los cambios ampliarían tanto los canales donde se usa el distintivo como los productos sujetos a la obligación.
La primera fase obligatoria, dedicada a la carne de cerdo, se ha aplazado hasta comienzos de 2027 mientras se revisan las reglas. El logotipo estatal también pasaría de los supermercados a los restaurantes. Para los proveedores transfronterizos, el cambio principal es la inclusión de carne extranjera, ya que la ley original solo contemplaba productos nacionales.
La falta de reconocimiento puede limitar la libre circulación
En un dictamen fechado el 11 de agosto, la Comisión calificó el régimen previsto para las importaciones como una restricción a la libre circulación de mercancías. El proyecto no reconoce los sistemas de etiquetado utilizados en otros países. Los productores extranjeros tendrían que demostrar que sus prácticas cumplen los criterios alemanes.
Sin esa prueba, la carne importada recibiría la categoría alemana más baja, «como mínimo, estabulación», aunque el productor aplique otras medidas de bienestar animal. Esto añadiría costes de documentación y verificación para quienes abastecen Alemania y podría perjudicar la presentación comercial de sus productos.
La Comisión también advirtió que el logotipo alemán no siempre reflejaría las condiciones reales de cría. Citó a Dinamarca, uno de los mayores proveedores de carne de cerdo de Alemania. La normativa danesa incluye medidas como mantener más cerdos con la cola intacta y aumentar el número de animales sin castrar, prácticas que no aparecen en las categorías alemanas propuestas.
Más trámites para los proveedores ecológicos
La carne ecológica constituye otro punto de disputa. El reconocimiento de un producto como ecológico en otro Estado miembro de la UE no bastaría para venderlo con esa denominación en Alemania. Los proveedores extranjeros también tendrían que cumplir el sistema alemán de notificación, registro y trazabilidad. La Comisión considera que esa carga administrativa adicional vulnera asimismo el derecho de la UE.
Alemania puede responder a las objeciones, y las modificaciones no podrán aprobarse antes de mediados de noviembre. Los legisladores deberán optar entre adaptar las reglas para reconocer sistemas extranjeros equivalentes o defender requisitos que Bruselas considera discriminatorios para las mercancías transfronterizas.
Cinco categorías desde estabulación hasta ecológico
El sistema estatal previsto incluye cinco categorías de cría, desde «estabulación», que representa los mínimos legales, hasta «ecológico». Las cadenas de supermercados utilizan una etiqueta voluntaria desde 2019. Actualmente aplica los mismos niveles y cubre carne de cerdo, vacuno y aves.
El resultado determinará qué documentos deberán aportar productores, procesadores, restaurantes y minoristas, y si podrán utilizarse las certificaciones extranjeras existentes. Los importadores también afrontan un riesgo comercial si productos sujetos a estándares superiores en origen reciben la categoría alemana más baja. El aplazamiento hasta comienzos de 2027 deja margen para rediseñar el sistema, pero el dictamen sitúa el reconocimiento europeo y la proporcionalidad de los requisitos en el centro de la próxima fase legislativa.