Panamá elimina los últimos controles de precios sobre cuatro alimentos

Los últimos cuatro productos vuelven a precios de mercado

Panamá pondrá fin a los controles de precios minoristas que aún se aplicaban a alimentos. La carne molida, el aceite vegetal, la leche en polvo y el pan de molde blanco quedarán sujetos a la dinámica del mercado. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó que el Gobierno no prevé renovar el decreto vigente ni reactivar el sistema después de su vencimiento, según Infobae y TVN Noticias.

La decisión retira los cuatro últimos productos de un esquema que llegó a abarcar 22 alimentos básicos. Para minoristas y proveedores, el cambio elimina los precios máximos fijados por el Estado y permite responder con mayor libertad a los costes de compra, la competencia y la demanda. Los hogares, sin embargo, perderán la protección directa frente a incrementos en esos productos cotidianos.

Las publicaciones difieren sobre la duración de la política. Infobae sitúa su origen en el Decreto Ejecutivo N.º 165 del 1 de julio de 2014, mientras TVN Noticias afirma que los controles funcionaron durante más de 14 años. La medida fue concebida inicialmente para seis meses, pero continuó mediante prórrogas y modificaciones sucesivas.

Un largo retiro de la intervención directa

El Decreto Ejecutivo N.º 165 estableció precios máximos de venta al por menor y márgenes brutos de comercialización para 22 alimentos. La norma surgió en un periodo de aumento del coste de vida para contener alzas consideradas desproporcionadas y corregir condiciones que podían obstaculizar la competencia, incluidas posibles prácticas monopólicas perjudiciales para los consumidores.

La lista fue reduciéndose con cada revisión. En 2025 todavía incluía ocho alimentos, antes de quedar limitada a carne molida de primera, aceite vegetal, leche en polvo y pan de molde blanco. El arroz ya había sido retirado durante el proceso. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Acodeco, había descrito el mecanismo como prácticamente extinguido.

Moltó declaró a TVN Noticias que mantener durante tanto tiempo el control de un mercado que debería regularse solo no era saludable y que la medida había demostrado no funcionar. La posición oficial es que los precios alimentarios deben formarse mediante libre competencia y autorregulación del mercado.

Exposición del consumidor y ayudas focalizadas

La eliminación de los topes permitirá a procesadores, distribuidores y minoristas trasladar con mayor rapidez las variaciones de las materias primas, la logística y los gastos operativos. También podría mejorar la disponibilidad si los precios regulados limitaban los márgenes de los proveedores. Las fuentes no detallan los precios máximos vigentes, posibles incrementos ni el número de hogares afectados, por lo que todavía no es posible cuantificar el efecto inmediato sobre el gasto familiar.

El grado de competencia será determinante. Cuando existen varios proveedores y comercios, las alternativas de compra pueden limitar las subidas. En canales más concentrados o zonas con pocos puntos de venta, los hogares podrían quedar más expuestos al encarecimiento. La vigilancia de Acodeco seguirá siendo relevante incluso sin precios máximos formales.

El Gobierno afirma que empleará otros instrumentos para facilitar el acceso a bienes esenciales. Moltó citó el programa Panamá Pa’ Ti y las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario, IMA, que ofrecen canastas de productos básicos a precios más bajos. El apoyo público pasa así de topes aplicados a todo el mercado a canales focalizados.

Los medicamentos mantienen un régimen separado

El fin de los topes alimentarios no elimina toda intervención estatal en los precios. Infobae señala que la Ley 419 de 2024 creó el Sistema Nacional de Precios de Referencia de Medicamentos y el Observatorio Nacional de Medicamentos. El Decreto Ejecutivo N.º 36, aprobado en septiembre de 2025, fijó referencias para 51 medicamentos de uso frecuente, mientras el Decreto Ejecutivo N.º 7 del 16 de abril de 2026 prorrogó la regulación durante seis meses.

Panamá mantiene así dos enfoques: precios de mercado para los últimos alimentos anteriormente regulados y referencias estatales para determinados medicamentos. Para las empresas alimentarias, termina un periodo prolongado de intervención directa en los precios minoristas. Para los consumidores, el resultado dependerá de la competencia, los costes de los proveedores y el alcance de los programas de venta respaldados por el Gobierno.