Solidaridad propone compartir el coste del EUDR para proteger a pequeños agricultores de Indonesia
Solidaridad Indonesia propone repartir el coste de cumplir las normas globales de sostenibilidad entre agricultores, compradores, bancos y Estado. El modelo combina datos de la cadena, financiación mixta, acuerdos de compra plurianuales y fortalecimiento institucional local.
Los costes de cumplimiento presionan a los pequeños agricultores
Solidaridad Indonesia ha pedido que los riesgos financieros derivados de normas globales más estrictas, incluido el Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación, se distribuyan a lo largo de las cadenas agrícolas. La organización sostiene que no deben recaer principalmente sobre los pequeños agricultores independientes. La trazabilidad por sí sola no puede crear una cadena sostenible si los productores carecen de financiación y apoyo institucional para cumplir las exigencias.
La propuesta se presentó en una sesión organizada por Tropical Forest Alliance e Indonesia Business Council for Sustainable Development durante el Indonesian Sustainable Forum 2026, según Kalteng Daily. Solidaridad señaló que la transición hacia cadenas más sostenibles suele exigir elevados costes de cumplimiento. Si los agricultores los asumen solos, sus ingresos pueden caer con fuerza y su acceso a mercados regulados puede quedar en riesgo.
Yeni Fitriyanti, directora nacional de Solidaridad Indonesia, afirmó que los sistemas de trazabilidad mejoran la visibilidad de las cadenas, pero solo resuelven una parte del reto. Los productores independientes no deberían absorber en solitario los riesgos climáticos y el endurecimiento de las reglas comerciales. Por ello, Solidaridad propone pasar de sistemas aislados de seguimiento a una arquitectura de riesgo compartido.
Cuatro componentes del Indonesia Model
El “Indonesia Model” propuesto por Solidaridad contiene cuatro componentes: KNOW, INVEST, COMMIT y DELIVER. KNOW plantea integrar datos geoespaciales y de legalidad precisos como base de las salvaguardias en el origen de la cadena agrícola. Esa información permite demostrar dónde se produjeron las mercancías y si la producción cumple los requisitos legales aplicables.
INVEST propone mecanismos de financiación mixta para repartir el coste de las normas globales en lugar de trasladarlo a los agricultores. COMMIT busca acuerdos plurianuales con compradores mundiales que aporten señales de demanda a largo plazo y mayor equidad comercial. DELIVER se centra en reforzar las instituciones locales mediante cooperativas, gobiernos regionales y participantes de la industria capaces de aplicar el sistema en las zonas productoras.
El marco vincula el acceso a mercados internacionales con objetivos internos como el desarrollo del procesamiento y la resiliencia alimentaria. Su componente financiero exige que compradores corporativos e instituciones financieras consideren la capacidad de cumplimiento una inversión en continuidad del suministro, no un coste exclusivo de la explotación. Los compromisos de compra a largo plazo también pueden dar a los productores más seguridad para invertir en datos, productividad y cambios operativos.
La productividad y el apoyo local siguen siendo esenciales
A partir de la experiencia de Solidaridad con productores indonesios de aceite de palma, Fitriyanti señaló que el cumplimiento de las normas globales resulta más eficaz cuando va acompañado de mejoras de productividad y asistencia a los agricultores. El apoyo sobre el terreno debe considerarse una parte central de la inversión y no un gasto adicional.
La posición tiene consecuencias prácticas para las empresas que compran productos agrícolas en Indonesia. Las plataformas de trazabilidad pueden identificar explotaciones y participantes, pero los agricultores aún pueden quedar fuera si no cuentan con orientación técnica, financiación y relaciones comercialmente viables con los compradores. El modelo distribuiría esas responsabilidades entre varias partes de la cadena.
Fitriyanti pidió a las empresas que coinviertan, a los bancos que ofrezcan un acceso más flexible a financiación y al Gobierno que coordine las normas de ordenación territorial con los servicios de extensión agraria. Las cooperativas y administraciones regionales funcionarían como canales locales para convertir exigencias nacionales o internacionales en medidas aplicables.
Según Solidaridad, el objetivo final no es limitarse a producir mercancías rastreables hasta una explotación concreta. Se trata de crear cadenas en las que los pequeños agricultores puedan invertir, adaptarse y seguir siendo económicamente viables en los mercados mundiales. El avance del modelo dependerá de que compradores, prestamistas y autoridades asuman compromisos concretos para compartir costes y riesgos comerciales.
