Indonesia procesa a 102 sospechosos por el comercio de arroz y apunta al precio del arroz fortificado

Indonesia ha ampliado su ofensiva judicial contra la manipulación en el comercio interno de arroz, con 102 personas señaladas hasta ahora como sospechosas en causas vinculadas a ese cereal. Andi Amran Sulaiman, ministro de Agricultura y a la vez jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas), afirmó que el Gobierno se enfrentará a quien resulte responsable de infringir las normas del comercio arrocero.

“No hay espacio para la mafia del arroz en Indonesia. Nos enfrentamos a ella”, declaró Amran el viernes en Yakarta, según la agencia ANTARA, en declaraciones recogidas también por Liputan6.com. “Hay 102 sospechosos. Hasta este momento, en materia de arroz”.

La ofensiva avanza en paralelo a medidas de oferta destinadas a contener los precios al consumidor del alimento básico del país. El objetivo es el eslabón comercial entre molinos, distribuidores y minoristas, y no la producción.

El precio del arroz fortificado, en el centro del último caso

La línea de investigación más reciente se refiere al arroz fortificado, donde Amran describió una brecha entre lo que llamó el precio ideal y el precio realmente cobrado. Según dijo, arroz que debería venderse a 13.000 rupias por kilogramo se ofrecía a 57.000 rupias por kilogramo, más de cuatro veces el nivel de referencia.

“Hay una mafia, eso es lo que está causando el revuelo. Se llevaron 90 billones de rupias. Es un derecho del pueblo. Eso es fraude”, afirmó Amran, según ANTARA. “Imaginen: el precio ideal del arroz fortificado es de 13.000 rupias por kilogramo, y lo venden a 57.000 rupias por kilogramo. ¿Es justo eso?”.

Unas 25 empresas fueron remitidas para actuaciones posteriores en el caso del arroz fortificado, según ANTARA y Liputan6.com. Ninguno de los dos medios identificó a las compañías.

Revocación de licencias, moratoria y proceso judicial

Amran detalló un escalado de tres pasos a disposición de Bapanas: revocación de la licencia de actividad, moratoria y traslado al proceso judicial. Los productos que incumplan la normativa pueden ser retirados de la circulación, mientras que los operadores infractores se exponen a sanciones administrativas y hasta a la vía penal.

“Tenemos derecho a ordenar la revocación, porque encabezamos Bapanas. En la moratoria primero se revoca la licencia. Hay tres procesos: revocación de licencia, moratoria y proceso judicial”, señaló.

El control sobre las licencias es lo decisivo para procesadores y operadores: una suspensión administrativa frena los despachos mucho antes de que haya sentencia.

Existencias superiores a 4 millones de toneladas sostienen la intervención

Además de la persecución de infracciones, el Gobierno realiza operaciones de mercado, distribuye arroz como ayuda alimentaria y refuerza el programa de Estabilización del Suministro y los Precios de los Alimentos (SPHP). Amran indicó que la ayuda en arroz llega a 33,24 millones de personas en todo el país y que se asignó 1 millón de toneladas adicionales de arroz SPHP para estabilizar los precios.

Las existencias nacionales de arroz superan los 4 millones de toneladas, según Amran, lo que da margen al Estado para intervenir cuando lo exijan los precios y la oferta. El ministro espera que la combinación de existencias e intervención devuelva a la baja los precios minoristas.

Ese nivel de existencias es el eje de su argumento sobre la conducta del mercado. “Antes, si no había existencias, los precios subían, ¿verdad? Ah, la culpa es del ministro. Importar. Ahora hay mucho arroz, ¿cuál es la razón? No hay importaciones, ¿cuál es la razón? Significa que siempre hubo una mafia. Esto hay que arreglarlo”, dijo Amran, en declaraciones difundidas por ANTARA.

Para molinos, distribuidores y proveedores de los programas alimentarios estatales, la consecuencia práctica es un entorno de cumplimiento más estricto en un mercado donde el Estado controla a la vez una gran reserva reguladora y las herramientas administrativas para apartar del comercio a los participantes.