Indonesia debate una ley propia del aceite de palma para ordenar la regulación superpuesta

La industria indonesia del aceite de palma afronta un problema jurídico no menos grave que sus retos de producción y de mercado: un conjunto de normas que ha crecido en número sin ganar coherencia. Ese fue el mensaje central de un taller periodístico organizado por la Asociación de Periodistas de Indonesia (PWI) y la Asociación de Empresarios del Aceite de Palma (GAPKI) en el hotel Loman de Yogyakarta el viernes 28 de agosto de 2026, bajo el lema "Sinergia entre la prensa y la industria del aceite de palma por la soberanía, la justicia y la prosperidad de Indonesia", según informó news.majalahhortus.com.

Participaron el presidente de la junta central de la PWI, Ahmad Munir; el responsable de la sección de la PWI en Yogyakarta, Hudono; el presidente de GAPKI, Edy Martono; el experto en derecho económico de la Universidad de Jember, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah; el economista del INDEF, Prof. Dr. Bustanul Arifin; y el vicepresidente de la PWI para educación, Dr. Agus Sudibyo.

Seis leyes y ninguna escrita para la palma

En su ponencia sobre la posición jurídica del aceite de palma y sus implicaciones para la gobernanza del sector, Ermanto afirmó que el marco regulatorio ya es amplio. Abarca la ley de inversiones, la ley de protección y gestión del medio ambiente, la ley de industria, la ley de comercio, la ley de plantaciones y la ley de creación de empleo. En el plano reglamentario, el Gobierno ha aprobado el Reglamento Presidencial n.º 16 de 2025 sobre el sistema de certificación de aceite de palma sostenible (ISPO) y el Reglamento Gubernamental n.º 28 de 2025 sobre licencias empresariales basadas en riesgo.

La cantidad no ha traído simplicidad. Según Ermanto, el sector sigue enfrentándose a normas superpuestas, falta de armonía entre reglamentos y una aplicación débil sobre el terreno. Sostuvo que el derecho no funciona solo como control social, sino también como herramienta de ingeniería social, y que reforzar el sistema jurídico del sector exige reordenar la relación entre el Estado, el mercado y la población atendiendo a la justicia social, económica y ecológica.

La complejidad refleja la extensión de la cadena: cultivo en plantaciones, transformación en productos primarios y derivados, explotaciones integradas, servicios vinculados al aceite de palma y comercio. Intervienen numerosos ministerios, organismos públicos, administraciones regionales, asociaciones y colegios profesionales, junto a un ecosistema de proveedores de fertilizantes, semillas, plaguicidas y maquinaria agrícola, entidades financieras, aseguradoras, servicios digitales, transporte y logística, investigación y desarrollo, formación de personal y organismos de certificación. Esa diversidad puede fortalecer al sector mediante la especialización y la capacidad institucional, dijo Ermanto, pero sin coordinación suficiente la intervención de múltiples sectores acaba generando solapamientos normativos y una gobernanza fragmentada.

El EUDR encarece la fragmentación

La gobernanza gana peso por las exigencias de los mercados de exportación. El Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) incluye el aceite de palma entre las materias primas reguladas. Según los materiales presentados por Ermanto, las mercancías que entran o salen de la UE deben estar libres de deforestación, haber sido producidas conforme a la legislación nacional del país productor y estar cubiertas por una declaración de diligencia debida.

Eso sitúa la legalidad, la trazabilidad, la sostenibilidad, la protección ambiental, los derechos humanos, las normas laborales y la protección de las comunidades locales e indígenas en el centro de la gobernanza palmera indonesia. Ermanto insistió además en reforzar la aplicación del estándar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), que describió como algo más que un sistema de certificación: parte del compromiso de garantizar que el aceite de palma indonesio se produzca de forma legal, transparente, trazable y sin deforestación.

Un proyecto estancado desde 2015 y una agencia de ventanilla única

La propuesta de una ley específica del aceite de palma circula desde 2015. El proyecto entró en el programa nacional de legislación (Prolegnas) por iniciativa del Parlamento en 2016 y 2017 y fue declarado prioritario en el Prolegnas de 2019, pero todavía no cuenta con certeza política ni legislativa. Ermanto sostuvo que su urgencia ha aumentado a medida que los problemas del sector se han vuelto más complejos.

Propuso apoyar el texto en tres enfoques —filosófico, jurídico y sociológico—: justicia social y sostenibilidad como finalidad, una base legal válida, integrada y vinculante en todo el país, y normas capaces de responder a las condiciones reales. Su ámbito abarcaría la planificación, la actividad empresarial, el cultivo, la industria de transformación, la protección y participación de las comunidades, la normalización, la investigación y el desarrollo, el marco institucional, el desarrollo de recursos humanos, la financiación, los sistemas de información, y la orientación y supervisión.

Una de las ideas es crear la Agencia Indonesia de Gestión del Aceite de Palma (BPPI), un organismo no estructural que dependería directamente del presidente y actuaría como centro de decisión de ventanilla única, integrando regulación, desarrollo y supervisión desde el origen hasta la fase final. No se plantea como una capa burocrática adicional, sino como nodo de coordinación, con funciones que incluyen:

• armonizar las normas entre ministerios y organismos;
• reforzar la protección de los pequeños productores;
• acelerar la certificación de aceite de palma sostenible;
• consolidar la posición de Indonesia en la diplomacia y el comercio mundiales.

La conclusión de Ermanto es que añadir más normas no arregla la gobernanza. "La superposición normativa, la débil coordinación institucional y los desafíos ambientales, de derechos humanos y de mercado global exigen una gobernanza del aceite de palma más integrada", señala el documento.