EE. UU. exige acceso para su arroz mientras grava bienes dominicanos con 12,5 %

Coinciden dos disputas comerciales distintas

Estados Unidos presiona a República Dominicana para que abra su mercado de arroz conforme al DR-CAFTA y, al mismo tiempo, impone un arancel adicional de 12,5 % a numerosos productos dominicanos. Según El Día, el nuevo gravamen estadounidense entró en vigor el 24 de julio de 2026. La medida contrasta con la exigencia de Washington de cumplir un acuerdo comercial, pues recurre a su legislación interna para aplicar nuevas cargas a mercancías de un país socio.

Las medidas tienen bases jurídicas diferentes. El arancel estadounidense fue adoptado mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, después de una investigación iniciada en marzo. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos determinó que las prácticas de 60 economías podían ser objeto de acciones porque carecían de mecanismos para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso o no los aplicaban eficazmente.

Washington no sostiene que las exportaciones dominicanas a Estados Unidos se fabriquen mediante trabajo forzoso. Su objeción es que República Dominicana no prohíbe eficazmente el ingreso a su propio mercado de esas mercancías procedentes de terceros países, algo que, según la Administración estadounidense, puede afectar las condiciones de competencia de empresas y trabajadores de EE. UU. Las economías con prohibiciones, compromisos o ciertos mecanismos recibieron generalmente una tasa de 10 %; al grupo restante, incluida República Dominicana, se le asignó 12,5 %. Algunos productos están exentos.

Continúa la protección del mercado arrocero

El expediente del arroz avanza por separado. Washington cuestiona la decisión del presidente Luis Abinader de mantener la protección tras concluir el período de transición del DR-CAFTA. El Decreto 693-24 conserva para el arroz estadounidense un contingente preferencial de 23.300 toneladas métricas y aplica un arancel de 99 % a los volúmenes que lo superen.

Estados Unidos afirma que el calendario negociado exigía eliminar esas restricciones desde enero de 2025. El Informe Nacional de Barreras al Comercio Exterior de 2026 de USTR sigue incluyendo el caso entre las preocupaciones comerciales estadounidenses. Washington argumenta que los productores dominicanos dispusieron de un largo período de adaptación y que el arroz de EE. UU. ya debería entrar bajo las condiciones de liberalización establecidas en el acuerdo.

Abinader defiende las restricciones por motivos de seguridad alimentaria. Considera el arroz un producto estratégico y sostiene que una apertura completa podría perjudicar a productores, trabajadores y comunidades dependientes de la actividad. El Gobierno dominicano debe así equilibrar su política agrícola interna con unas obligaciones que, según Estados Unidos, son plenamente aplicables desde 2025.

Los exportadores afrontan presión en su principal mercado

El arancel llega pese al considerable superávit estadounidense en el comercio de bienes con República Dominicana. En 2025, las exportaciones de mercancías de EE. UU. al país alcanzaron aproximadamente US$12.900 millones, frente a importaciones cercanas a US$7.600 millones. El resultado fue un superávit estadounidense de casi US$5.300 millones: alrededor de US$1,70 en ventas por cada dólar de bienes comprados a República Dominicana.

República Dominicana afronta ahora dos retos simultáneos: decidir hasta dónde puede mantener la protección del arroz bajo el DR-CAFTA y limitar el efecto del arancel de 12,5 % sobre sus ventas al principal mercado exterior. El nuevo gravamen estadounidense no responde directamente a la política dominicana sobre el arroz. Sin embargo, ambos casos invierten la dirección de casi 20 años de reducción progresiva de aranceles y elevan la presión sobre productores, exportadores y negociadores comerciales de los dos países.