La corta vendimia española encarece el vino y aviva la disputa por los contratos

La producción española queda por debajo de una campaña habitual

España se acerca al final de la vendimia con una de las cosechas más cortas de la última década. La menor disponibilidad de vino refuerza las demandas de los viticultores para mejorar las condiciones contractuales. La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo, CLYGAL, indicó a COPE que la producción nacional quedará en poco más de 35 millones de hectolitros, frente a más de 40 millones de hectolitros en una campaña habitual.

La estimación se sitúa claramente por debajo de las previsiones iniciales. Según CLYGAL, la cosecha ha registrado un incremento global de apenas el 7%, aunque la calidad del fruto es excelente. La organización no detalló la distribución regional o varietal de ese aumento, pero subrayó que el volumen nacional definitivo sigue siendo excepcionalmente bajo.

La menor oferta de uva ya está contribuyendo a elevar el precio del vino en el mercado, señaló CLYGAL. La organización sostiene que esa subida debe reflejarse en las cotizaciones percibidas por los agricultores y no quedar íntegramente en los siguientes eslabones de la cadena. La cuestión cobra especial importancia cuando bodegas y productores cierran las liquidaciones al término de la vendimia.

Los costes de producción endurecen la negociación

CLYGAL estima los costes del cultivo de la uva en torno a 0,60 € por kilogramo. La organización ha pedido a la industria transformadora que revise sus ofertas para asegurar una rentabilidad viable y evitar ventas por debajo del coste. La reclamación se apoya en la Ley de la Cadena Alimentaria española, que prohíbe la venta a pérdidas.

La menor cosecha ofrece a los productores un argumento adicional en la negociación, pero no garantiza automáticamente una subida de los precios en origen. El momento de contratación, la variedad, las exigencias de calidad y la posición comercial de cada bodega influyen en cómo se trasladan al viñedo los movimientos del vino a granel o embotellado. La intervención de CLYGAL se centra así en la distancia entre el valor de mercado del vino y la remuneración del productor primario.

La organización considera que un precio justo es una cuestión de supervivencia legal y dignidad para el agricultor. También advierte de que, sin una rentabilidad suficiente, se arrancarán viñas, con consecuencias para el empleo y la actividad económica de Tierra de Barros, una zona vitivinícola destacada de Extremadura.

Las pérdidas francesas añaden presión a la oferta

La corta cosecha española coincide con una contracción todavía mayor en las regiones productoras de Francia, donde la producción ha caído un 50%, según CLYGAL. La menor disponibilidad en dos de los principales países vinícolas europeos puede reforzar la presión sobre los precios, aunque la fuente no aporta cifras sobre existencias, consumo, exportaciones o categorías concretas de vino.

Para bodegas y comercializadores, la combinación de una vendimia española reducida y una producción francesa más débil eleva la importancia de las compras y de las existencias disponibles. Las empresas con uva contratada o reservas de vino pueden estar mejor situadas que los compradores expuestos al mercado al contado. Los viticultores intentarán aprovechar la escasez y la excelente calidad declarada del fruto para obtener precios que cubran sus costes.

Más allá de esta campaña, CLYGAL afirma que el viñedo de Tierra de Barros afronta un retroceso provocado por la sequía prolongada, el abandono de tierras y la falta de relevo generacional. Estos factores limitan la capacidad para recuperar rápidamente la producción después de una mala cosecha y elevan el riesgo de que las parcelas sin rentabilidad desaparezcan definitivamente.

La asociación pidió al Gobierno central y a la administración autonómica que vigilen el mercado e intervengan si resulta necesario para proteger la viabilidad económica del productor. La prueba inmediata será comprobar si la subida del vino se traduce en pagos por la uva superiores al coste estimado de 0,60 € por kilogramo. A largo plazo, los ingresos deberán frenar el abandono de viñedos en una de las zonas vinícolas tradicionales de España.