Corea del Sur: los cárteles de azúcar y harina detectados este año abarcan casi 15 billones de wones de facturación

Los casos de fijación de precios detectados este año en el mercado surcoreano de materias primas alimentarias básicas afectan a una facturación relacionada conjunta de casi 15 billones de wones, según las cifras divulgadas el 23 de septiembre por Yoon Jun-byung, diputado del Partido Democrático y miembro de la Comisión de Agricultura, Alimentación, Asuntos Rurales, Océanos y Pesca de la Asamblea Nacional.

Los expedientes se refieren al azúcar y a la harina de trigo, dos insumos que entran en el pan, los fideos, la confitería, las salsas, las bebidas y casi todas las demás categorías de alimentos procesados que se venden en el país. Al situarse en la base de la cadena alimentaria, los precios concertados en estos mercados no quedan contenidos: se trasladan a la estructura de costes de miles de productos terminados y, finalmente, a los precios minoristas.

Qué representa la cifra de 15 billones de wones

No es el importe de las multas. Según la legislación de competencia coreana, la facturación relacionada es el ingreso generado en el mercado afectado durante el periodo de la conducta y sirve de base de cálculo de las sanciones administrativas. Una magnitud cercana a los 15 billones de wones describe, por tanto, la dimensión comercial de los mercados considerados distorsionados, no la cantidad que las empresas deben pagar.

Para los analistas la distinción es relevante. Las sanciones finales se fijan como un porcentaje de la facturación relacionada tras ajustar por circunstancias agravantes y atenuantes, de modo que la exposición nominal y la salida real de caja pueden diferir mucho. Las decisiones también pueden recurrirse ante los tribunales, lo que amplía la distancia entre el anuncio de un caso y su impacto financiero efectivo.

Rebaja arancelaria y concertación en los mismos mercados

El peso político de la divulgación proviene del contexto regulatorio. El Gobierno aplica contingentes arancelarios a las materias primas alimentarias importadas, reduciendo o eliminando los derechos para que los transformadores afronten costes de insumo más bajos y los precios al consumo se mantengan estables. El reproche planteado en el Parlamento es que el Estado renuncia a ingresos aduaneros para contener los precios precisamente en los mercados donde las grandes empresas alimentarias han sido descubiertas de forma reiterada concertando precios.

Corea del Sur compra en el exterior prácticamente todo el azúcar crudo y el trigo panificable que consume, por lo que la política arancelaria sobre estos insumos es una de las pocas palancas directas del Gobierno sobre el coste de los alimentos procesados. El alivio por contingentes solo llega a los hogares si el ahorro se traslada a lo largo de la cadena. Si los precios en la fase de refino y molienda están alineados, ese mecanismo desaparece y el beneficio se detiene en el margen del fabricante.

Llamamientos a endurecer las sanciones

Yoon sostuvo que la detección repetida de cárteles entre las grandes compañías alimentarias demuestra que las sanciones actuales no funcionan como elemento disuasorio y que es necesario elevar su eficacia práctica. El argumento llega en un momento en que la inflación alimentaria sigue siendo políticamente sensible y el Estado ya ha comprometido recursos fiscales, en forma de derechos aduaneros no recaudados, para abaratar la materia prima de esa misma industria.

Cualquier endurecimiento se discutirá previsiblemente en tres planos: el nivel de las sanciones, las condiciones de acceso a los contingentes arancelarios y la disposición de las autoridades a exigir responsabilidad no solo a las empresas sino también a las personas. De momento nada de ello se ha traducido en legislación a partir de esta divulgación; el debate en comisión marca la dirección, no el resultado.

Qué debe vigilar el sector

• Si a las resoluciones sancionadoras en los casos de azúcar y harina les siguen demandas por daños de compradores situados aguas abajo, como panaderías, fabricantes de fideos y confiteros.
• Si el acceso a los contingentes arancelarios para materias primas importadas queda condicionado al cumplimiento de la normativa de competencia.
• Si la aplicación de la ley se extiende más allá de las multas societarias hacia la responsabilidad individual de los directivos implicados.
• Cómo ajustan las refinerías y los molinos sus tarifas y condiciones contractuales con los compradores industriales mientras los expedientes siguen abiertos.