Asaja y UPA Murcia: el 83% de los cítricos importados en supermercados lleva pesticidas no autorizados en la UE

Las organizaciones agrarias de la Región de Murcia sostienen que la mayor parte de los cítricos importados que llegan a los lineales de los supermercados contiene residuos de pesticidas no autorizados en la Unión Europea y reclaman inspecciones más estrictas una vez que la fruta ya está dentro de la cadena comercial.

Según La Opinión de Murcia, Asaja y UPA Murcia cifran en el 83% los cítricos importados que se venden en los supermercados españoles con restos de materias activas sin autorización comunitaria. Ambas organizaciones piden controles más intensos en la fase de comercialización —cuando la fruta ya está distribuida y a la venta— y reglas comunes para todos los productos, sea cual sea su origen.

La petición: control en el punto de venta

La demanda supone desplazar el foco de la inspección. Los controles fronterizos actúan sobre las partidas en el momento de la entrada; los controles en comercialización afectan a fruta ya envasada, etiquetada y expuesta, incluida la que ha pasado por intermediarios. Para Asaja y UPA Murcia, es en esa segunda etapa donde la fruta importada escapa con más frecuencia a la revisión.

Según el resumen de La Opinión de Murcia, las organizaciones reclaman:

• controles oficiales más intensos en la fase de comercialización y distribución, no solo a la llegada;
• un único marco de reglas para todos los productos que se venden en el mercado español, al margen del país de cultivo;
• exigencias equivalentes a los productores de la UE y a los proveedores de terceros países en materia de fitosanitarios.

Autorizado en origen, retirado en la UE

El núcleo de la queja es la asimetría regulatoria. Materias activas que la UE ha retirado de su propio mercado pueden seguir registradas legalmente en países productores fuera del bloque, de modo que la fruta cultivada con ellas continúa entrando en el mercado único. Los agricultores europeos pierden el acceso a esos productos y pasan a programas de tratamiento más caros o a más mano de obra en campo; sus competidores de fuera, no.

La distinción importa a efectos de cumplimiento. Un residuo de una sustancia no autorizada en la UE no es lo mismo que un residuo por encima del límite máximo legal: lo primero se refiere a qué moléculas se emplearon, lo segundo a cuánta cantidad queda en la fruta. La información citada no precisa el tamaño de la muestra, el periodo de muestreo, los laboratorios ni los países de origen detrás del 83%, y tampoco indica en cuántos casos las detecciones superaban los límites legales.

Qué cambia para el comercio

Para los importadores y sus proveedores, el riesgo bajo un régimen de control en fase comercial se reparte de otra manera que en frontera. Un resultado positivo en frontera detiene la partida. Un positivo en el lineal puede implicar la retirada de producto ya distribuido, facturado y parcialmente vendido, con el coste sobre quien sea su propietario en ese momento. Las cadenas de distribución suelen responder endureciendo sus propios pliegos de residuos antes de cualquier cambio normativo, lo que en la práctica traslada el coste de los análisis cadena arriba, hasta los almacenes de confección y los productores en origen.

Para los citricultores españoles —Murcia es una de las principales zonas productoras del país— la campaña tiene tanto de estructura de costes como de seguridad alimentaria. Una lista más corta de materias activas autorizadas estrecha las opciones frente a plagas y enfermedades y, en muchos casos, eleva la factura de insumos o de mano de obra por hectárea, mientras la fruta de fuera del bloque compite en precio en el mismo pasillo del supermercado.

La exigencia de «reglas comunes para todos los productos» sitúa a las organizaciones murcianas en un debate europeo más amplio: si las tolerancias de importación deben reflejar las propias decisiones de autorización de la UE. Esa cuestión corresponde a las instituciones comunitarias y no a los inspectores nacionales, y cualquier cambio llegaría a los exportadores a través de los límites de residuos, no de aranceles o cupos. Hasta entonces, el control que piden las organizaciones tendría que ejecutarlo la administración española, estatal y autonómica, con las normas de residuos vigentes.