Grecia y otros cuatro países de la UE piden ayuda urgente para la ganadería

Grecia y otros cuatro Estados miembros de la Unión Europea han solicitado a la Comisión Europea apoyo financiero para sus sectores ganaderos y una mayor flexibilidad en la aplicación de las normas sanitarias comunitarias. Las peticiones figuran en un non-paper conjunto presentado como una llamada a la «actuación urgente».

Un non-paper es un texto de posición informal y sin firma que en la práctica comunitaria sirve para hacer circular una propuesta antes de presentarla por los cauces formales. No tiene fuerza jurídica ni vincula a sus autores ni a la Comisión, pero es la vía habitual para que un grupo de capitales tantee apoyos antes de un Consejo de Agricultura y Pesca.

No se ha revelado qué cuatro Estados miembros respaldan a Grecia ni se ha puesto cifra al apoyo reclamado. El documento plantea dos exigencias distintas: dinero para los productores y margen de maniobra en la aplicación sobre el terreno de las normas veterinarias.

Dos exigencias en un mismo documento

La petición de fondos afecta a las explotaciones golpeadas por las enfermedades animales y por las medidas de control que siguen a un brote. Las solicitudes de este tipo en la UE suelen cubrir:

• indemnización por los animales sacrificados por orden oficial;
• pérdidas de ingresos derivadas de las restricciones de movimiento y las zonas de inmovilización;
• el coste de la bioseguridad, los análisis y la eliminación de cadáveres;
• pérdidas comerciales allí donde los vetos regionales a la exportación dejan a los ganaderos sin compradores.

La segunda exigencia apunta al marco veterinario de la UE articulado en torno a la Ley de Sanidad Animal, que impone respuestas obligatorias ante las enfermedades de la lista: sacrificio obligatorio, zonas de protección y vigilancia, prohibiciones de movimiento, requisitos de limpieza y desinfección y certificación para el comercio intracomunitario. Confirmada una enfermedad de la lista, las autoridades nacionales disponen de escaso margen de decisión.

Por qué la flexibilidad es delicada

Esas mismas normas son la base sobre la que los socios comerciales reconocen el estatus sanitario de la UE. Los terceros países aceptan la regionalización —limitar los vetos a las zonas afectadas en lugar de a todo el territorio— solo mientras confían en que la zonificación y el control se aplican de manera homogénea. Si la aplicación se percibe más laxa en un Estado miembro, los importadores tienden a reaccionar a escala nacional o del conjunto del bloque, motivo por el cual la Comisión se ha resistido tradicionalmente a las excepciones por país. El argumento contrario, conocido de anteriores disputas sobre el control veterinario, es que unas normas escritas para grandes explotaciones intensivas encajan mal con los sistemas extensivos, de montaña y trashumantes habituales en el sur de Europa, donde los rebaños son pequeños, están dispersos y resultan más difíciles de trazar.

Qué instrumentos podrían activarse

Si la Comisión decide actuar, dispone de varias vías. La reserva agrícola, que se repone cada año dentro del presupuesto de la Política Agrícola Común, es el canal más rápido y se ha empleado en repetidas ocasiones ante crisis sectoriales. Las medidas excepcionales de apoyo al mercado previstas en la organización común de mercados permiten pagos dirigidos a los productores afectados. Las ayudas nacionales requieren la autorización de Bruselas en materia de ayudas de Estado. Los Estados miembros también pueden modificar sus planes estratégicos de la PAC para redirigir fondos de desarrollo rural hacia bioseguridad, reposición y reconstitución de los rebaños. Los programas de erradicación y vigilancia ya se cofinancian con cargo al presupuesto comunitario. Ninguna de estas opciones se ha confirmado en relación con el non-paper.

Qué viene ahora

No se ha informado de respuesta alguna de la Comisión ni se ha fijado un calendario. Los non-papers suelen hacerse públicos poco antes de que el asunto llegue al Consejo de Agricultura y Pesca, donde un grupo de cinco Estados miembros puede forzar un debate incluso sin propuesta legislativa formal. Para productores y operadores, las preguntas prácticas son tres: el tamaño de cualquier paquete de apoyo, si se pagaría con fondos comunitarios o nacionales y si una relajación de las medidas de control afectaría al estatus sanitario que sostiene las exportaciones de animales vivos, carne y lácteos de esos países.