Los cerveceros sudafricanos cuestionan la reforma fiscal sobre el alcohol

La industria pide una política fiscal previsible

La industria cervecera de Sudáfrica se opone a la reforma de los impuestos especiales sobre el alcohol planteada por el Tesoro Nacional. El sector advierte de que una mayor carga fiscal podría poner en riesgo puestos de trabajo, debilitar el mercado legal y favorecer las ventas de alcohol ilícito. Las consultas con productores, organizaciones civiles y otras partes interesadas continúan.

South African Breweries (SAB) propone un marco previsible en el que las subidas de los impuestos sobre la cerveza estén vinculadas a la inflación. Fatsani Banda, responsable sénior de Impuestos Especiales y Política Pública de SAB, explicó a Eyewitness News que el debate llega después de diez años sin una revisión de la política fiscal. La compañía sostiene que la certidumbre tributaria permitiría a las cerveceras y otras empresas planificar mejor la producción y las inversiones.

Según Banda, el Tesoro solo ajustó estos impuestos a la inflación en tres ocasiones durante los últimos 12 años. SAB considera que esa indexación debe ser la norma. Banda también señaló que las subidas sudafricanas no se han moderado cuando la inflación ha bajado y citó a Canadá y el Reino Unido como ejemplos de un proceso más racional.

Las propuestas pueden ampliar la brecha con el mercado ilícito

SAB rechaza las propuestas que, a su juicio, no están alineadas con el índice de precios al consumo. Banda afirmó que el Tesoro presentó posibles incrementos de hasta el 10 %, lo que podría traducirse en una subida anual del 10 %. La cervecera también destacó una propuesta para elevar un 20 % la tasa estándar aplicable a la cerveza.

La principal preocupación de SAB es que los aumentos superiores a la inflación amplíen la diferencia de precios entre los productos regulados y las alternativas ilícitas. Según la compañía, los impuestos especiales explican una parte importante de esa brecha. Una diferencia mayor podría atraer a consumidores sensibles al precio hacia bebidas no gravadas y reducir las ventas e ingresos del mercado formal.

El riesgo no se limita a las cerveceras. Los productores, distribuidores y minoristas legales soportan costes fiscales y regulatorios que los operadores ilícitos evitan. Si los compradores se desplazan hacia productos no regulados, las empresas cumplidoras afrontarán presión sobre volúmenes, empleo e inversión, mientras el Estado podría recaudar menos de lo previsto.

El crecimiento del mercado ilegal complica el debate

Eyewitness News recogió una estimación de Euromonitor citada por SAB, según la cual el alcohol ilícito costó al fisco sudafricano R16.500 millones en ingresos perdidos por IVA e impuestos especiales en 2024. Los volúmenes ilícitos han aumentado un 55 % desde 2017, de acuerdo con la misma estimación. SAB quiere que el Tesoro considere esa expansión antes de convertir las subidas superiores a la inflación en un elemento permanente de la política fiscal.

El debate enfrenta la recaudación, los objetivos de salud pública y la sostenibilidad de la industria formal. Los defensores de encarecer el alcohol sostienen que la medida podría reducir el consumo excesivo. SAB argumenta que la política también debe valorar la reacción de los consumidores, la viabilidad del mercado legal y el riesgo de desviar demanda hacia proveedores ilícitos.

El marco definitivo del Tesoro determinará si las cerveceras obtienen la previsibilidad vinculada a la inflación que reclaman o afrontan incrementos recurrentes más pronunciados. Para productores e inversores, las claves serán la tasa final, el mecanismo de ajuste y su efecto sobre la demanda legal. Para el Estado, la prueba será elevar la recaudación sin acelerar un mercado que ya causó pérdidas fiscales considerables en 2024.