Los arroceros españoles piden suspender las preferencias comerciales de la UE a Myanmar

La organización agraria reclama una suspensión inmediata

La organización agraria española La Unión Extremadura ha pedido a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura que suspendan de inmediato el régimen comercial preferente de la Unión Europea con Myanmar. Sostiene que las importaciones de arroz barato están deteriorando los precios que reciben los productores europeos y que Myanmar no cumple los objetivos que justificaron la concesión de esas ventajas.

Myanmar accede al mercado comunitario mediante el Sistema de Preferencias Generalizadas y su régimen Todo Menos Armas, conocido como EBA. El mecanismo permite a los países beneficiarios vender casi todos sus productos sin aranceles ni cuotas. La Unión considera que estas condiciones obligan a los arroceros de la UE a competir con sistemas productivos que soportan costes mucho menores.

Un volumen comparable con la producción española

Según los datos aportados por La Unión, las importaciones procedentes de Myanmar alcanzaron 690 millones de kg de arroz blanco en 2024. La organización señaló que ese volumen era comparable con toda la producción de la superficie arrocera española. También afirmó que las diferencias productivas permiten que el arroz birmano llegue a Europa a un precio inferior al 50 % del coste asumido por los agricultores comunitarios.

La entidad relaciona estas entradas con el descenso continuado de los precios percibidos por los productores europeos. También asegura que los agricultores están reduciendo la superficie sembrada porque el cultivo ha dejado de ofrecer suficiente rentabilidad. El conflicto afecta así tanto a los ingresos actuales como a la capacidad productiva futura: una pérdida prolongada de superficie reduciría el suministro regional disponible para compradores e industrias transformadoras.

La política comercial choca con la cuestión de los derechos humanos

La Unión recuerda que las preferencias pretendían favorecer el desarrollo económico y elevar las rentas en países como Myanmar, a cambio de compromisos en materia de derechos humanos. La organización considera que el Gobierno militar birmano ha incumplido esa condición y alude a las atrocidades contra la población rohinyá. A su juicio, el régimen no protege a los arroceros europeos ni alcanza sus objetivos políticos declarados.

Los eurodiputados Diana Riba, de ERC, y Vicent Marzà, de Compromís, ya plantearon el asunto ante la Comisión Europea. Bruselas defendió las preferencias porque contribuyen a reducir la pobreza y su retirada podría perjudicar a la población más vulnerable de Myanmar. La Comisión añadió que los beneficios económicos obtenidos por la junta militar mediante EBA son limitados y que vigila periódicamente la situación del país.

La Comisión afronta dos riesgos contrapuestos

La Unión rechazó esa respuesta y reclamó medidas tanto a Bruselas como a Madrid. Los responsables políticos deberán ponderar la presión comercial denunciada por los arroceros europeos frente al posible impacto social de restringir el acceso de Myanmar al mercado. Las fuentes no indican que la Comisión o el Ministerio de Agricultura hayan aceptado suspender el régimen.

Para productores, comerciantes e industrias arroceras, la cuestión inmediata es si la reclamación abrirá una revisión formal o dará paso a medidas de protección. Mientras no cambie la política, Myanmar mantiene el acceso sin aranceles ni cuotas bajo EBA y los agricultores europeos siguen expuestos a un arroz que, según La Unión, cuesta menos de la mitad de producir en la UE.