Andalucía solicita 3,72 millones de euros de ayuda de crisis para el arroz
Andalucía ha remitido una propuesta para destinar unos 3,72 millones de euros a ayudas extraordinarias para los arroceros. El plan contempla 120 euros por hectárea ante los altos costes, las existencias de 2025 sin vender y la presión de las importaciones libres de arancel.
La Junta traslada la propuesta a Madrid
La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha remitido al Ministerio de Agricultura de España una propuesta de ayuda extraordinaria para los productores de arroz de la región. La medida, promovida por ASAJA-Sevilla y la Federación de Arroceros de Sevilla, se financiaría mediante la reserva agrícola de crisis de la Unión Europea.
Según Agrodigital, el plan asignaría alrededor de 3,72 millones de euros al cultivo, con un pago de 120 euros por hectárea y un máximo de 100 hectáreas subvencionables por beneficiario. Una explotación que alcance ese límite podría recibir hasta 12.000 euros. La propuesta aún necesita el respaldo del ministerio nacional y la autorización de la Comisión Europea.
La partida para el arroz representaría el 40 % de los fondos extraordinarios de la reserva de crisis asignados a Andalucía. El resto de la dotación regional se destinará al vacuno de leche, el caprino de leche y la apicultura. La reserva busca compensar el aumento de los costes energéticos y de los fertilizantes, dos componentes relevantes del gasto agrario.
Las existencias sin vender pesan sobre la cosecha de 2026
La solicitud llega cuando el arroz andaluz afronta un difícil regreso a mayores niveles de producción. La superficie cultivada se ha recuperado gracias a una mayor disponibilidad de agua, después de varios años en los que la sequía impidió sembrar. Sin embargo, los agricultores tienen ahora problemas para colocar su producción: la recolección de 2026 ya está en marcha y en Sevilla todavía queda arroz de 2025 sin vender.
ASAJA-Sevilla y la Federación de Arroceros afirman que los precios actuales del mercado no cubren los costes de producción. Consideran el pago propuesto un alivio financiero parcial, no una solución a los problemas de largo plazo del cultivo. Su función inmediata sería reducir la presión sobre las cuentas de las explotaciones y compensar parte del encarecimiento de los insumos.
La provincia de Sevilla concentra prácticamente todo el arroz de Andalucía y alrededor de la mitad de la producción española. La pérdida de rentabilidad afecta, por tanto, no solo a las explotaciones, sino también al empleo y a la actividad económica regional. Las organizaciones vinculan además la viabilidad del cultivo con la conservación de las marismas del Guadalquivir y del entorno de Doñana.
Los productores reclaman salvaguardias ante las importaciones
Las dos organizaciones atribuyen buena parte de la presión del mercado al crecimiento de las importaciones procedentes de países no comunitarios. Señalan que la UE permite la entrada sin aranceles de hasta 562.000 toneladas de arroz de países beneficiarios del régimen «Todo menos armas», entre ellos Camboya y Myanmar. Según las entidades arroceras, ese volumen equivale a dos años de consumo total de arroz en España y ejerce una presión considerable sobre el mercado comunitario.
Los productores europeos deben cumplir estrictos requisitos medioambientales, fitosanitarios, laborales y de seguridad alimentaria que elevan sus costes, argumentan las organizaciones. Al mismo tiempo, compiten con importaciones sin aranceles que, a su juicio, están sujetas a exigencias menos rigurosas. Por ello solicitan reciprocidad comercial con terceros países, una aplicación más firme de la Ley de la Cadena Alimentaria y salvaguardias eficaces para el arroz que accede mediante regímenes preferenciales.
El calendario es ajustado. ASAJA-Sevilla y la Federación de Arroceros esperan que el ministerio respalde la propuesta regional y que la Comisión Europea la autorice a tiempo para tramitar, justificar y pagar las ayudas antes del 28 de febrero de 2027. Incluso si se aprueban, los 120 euros por hectárea solo aliviarán una parte de la presión financiera, mientras los precios, la competencia importadora y los costes de producción seguirán centrando el debate sectorial.
