La Administración Trump elimina los límites federales de emisiones para las centrales de EEUU
La Administración Trump ha derogado el marco federal de 2024 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la generación eléctrica estadounidense. La medida mejora las condiciones operativas a corto plazo para las centrales de carbón y gas, pero eleva la incertidumbre jurídica y regulatoria para eléctricas y proyectos bajos en carbono.
Derogado el marco federal de descarbonización
La Administración Trump ha eliminado los límites federales destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la generación eléctrica de Estados Unidos, revirtiendo el marco de descarbonización aprobado en 2024. Según sbctv.gr, la decisión también pretende impedir futuras regulaciones de emisiones en el mismo sector, lo que altera las premisas utilizadas por eléctricas, proveedores de combustible y promotores de proyectos bajos en carbono.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sostiene que carece de autoridad para regular los gases de efecto invernadero y afirma que, incluso si tuviera ese mandato, las normas producirían un efecto limitado sobre el cambio climático global. El Gobierno presenta la derogación como una medida para proteger al sector energético estadounidense y a los hogares frente al elevado coste de la electricidad, y califica el carbón y el gas natural como fuentes asequibles y fiables.
Mayor flexibilidad para el carbón y el gas
El cambio afecta directamente a un mercado en el que el gas natural aportó el 41% de la generación eléctrica en 2025 y el carbón representó el 17%, según sbctv.gr. La eliminación de las restricciones federales permite a los operadores de centrales térmicas aumentar la producción con mayor flexibilidad, prolongar el uso de activos existentes y atender los picos de demanda sin cumplir las anteriores exigencias de descarbonización.
El giro regulatorio coincide con un fuerte crecimiento del consumo eléctrico estadounidense, impulsado en parte por los centros de datos de alto consumo energético utilizados para aplicaciones de inteligencia artificial. Un periodo excepcional de calor y sequía añade presión al sistema. En este contexto, la capacidad gestionable de carbón y gas puede asumir a corto plazo un papel mayor en el equilibrio entre oferta y demanda, especialmente en las regiones donde ambos combustibles ya dominan la combinación eléctrica.
Para los productores de carbón, los proveedores de gas y los operadores de centrales, la derogación elimina una restricción regulatoria inmediata sobre la demanda. El cálculo de inversión de las eléctricas sigue siendo más complejo. Los costes de cumplimiento federal podrían disminuir a corto plazo, pero las empresas todavía deben considerar los precios del combustible, la antigüedad de los activos, las políticas estatales y el riesgo de que los tribunales o una futura Administración vuelvan a modificar el marco.
Los litigios complican las decisiones de inversión
Organizaciones medioambientales y expertos jurídicos han criticado la medida y han anunciado posibles recursos judiciales. Parte de sus objeciones se centra en el fundamento legal de la posición de la Agencia de Protección Ambiental. La perspectiva de litigios impide a las eléctricas asumir que el nuevo marco quedará fuera de disputa, aunque ya deben adoptar decisiones a largo plazo sobre activos de generación y compras de combustible.
La derogación también debilita el apoyo regulatorio federal a algunas inversiones bajas en carbono, al reducir la presión sobre sus competidores fósiles. La generación renovable, el almacenamiento y otras tecnologías limpias tendrán que competir en mayor medida mediante la rentabilidad de los proyectos, el crecimiento de la demanda y las políticas estatales. Al mismo tiempo, las empresas pueden mantener la cautela ante nuevas centrales de carbón o gas, porque estos activos suelen operar durante varios ciclos políticos.
Según un análisis de 2025 citado por sbctv.gr, el sector eléctrico de Estados Unidos sería el sexto mayor contaminador del mundo si se considerara un país. Junto con la nueva retirada estadounidense del Acuerdo de París y la supresión de otras normas ambientales, la derogación coloca la capacidad de generación y los costes inmediatos por delante de los compromisos climáticos federales a largo plazo. Puede contener los costes de producción durante los picos de demanda en regiones dependientes de combustibles fósiles, aunque también podría elevar los costes sanitarios, ambientales y climáticos futuros.