Un tribunal de Milán somete a administración judicial al consorcio del plástico Corepla

Un tribunal de Milán ha sometido a administración judicial durante un año a Corepla, el consorcio nacional italiano para la recogida, el reciclaje y la recuperación de envases de plástico. La sección de medidas de prevención dictó la resolución el miércoles 16 de septiembre al considerar que el consorcio no impidió la gestión ilícita de residuos por parte de uno de sus principales contratistas. Corepla no está investigado penalmente.

Lo que la fiscalía atribuye a la planta de Corsico

La causa penal, abierta en la Fiscalía de Milán desde 2024, se dirige contra Synextra spa y ocho de sus directivos, entre ellos el presidente Fabio Mosca. Los fiscales Silvia Bonardi, Cristian Barilli y Paolo Storari han notificado la conclusión de la instrucción por gestión ilícita de residuos, conforme al artículo 452-quaterdecies del código penal, referida a 2023 y 2024. Según Corriere della Sera, la investigación se sustenta en escuchas telefónicas, grabaciones de vídeo y declaraciones de empleados.

Los carabineros sostienen que Synextra mezclaba de forma sistemática los residuos urbanos de matriz plástica suministrados a través de Corepla con otros materiales, incluidos residuos industriales y especiales, les asignaba clasificaciones arbitrarias y manipulaba los análisis de calidad para que el material figurase como procesado en la planta por cuenta del consorcio. Los hechos se concentran en el centro de selección y almacenamiento de Corsico, al sur de Milán. Entre los métodos recogidos en la documentación judicial figuran:

• etiquetas de identificación falsas en las balas de residuos;
• análisis de laboratorio manipulados por analistas complacientes o eludidos preparando balas «buenas» para las verificaciones;
• registros cumplimentados de forma artificiosa para tapar las diferencias entre las cantidades contabilizadas y las realmente tratadas;
• en una ocasión, el falso apagado de una línea «por mantenimiento» para impedir el acceso de los inspectores a zonas con almacenamientos irregulares.

Los investigadores cifran los volúmenes en al menos 240.000 toneladas de residuos de matriz plástica entre 2023 y 2025 y el beneficio de Synextra en un mínimo de 58,3 millones de euros. La cifra suma los ingresos directos por el tratamiento de los residuos y el ahorro en costes de planta al no reciclar ni eliminar correctamente el material.

El índice de rendimiento y la pasividad de Corepla

El móvil económico apunta al «índice de rendimiento», una clasificación de los centros de selección y almacenamiento que determina cuánto material asigna Corepla a cada instalación. Una posición más alta significaba mayores volúmenes, con independencia de la capacidad real de la planta de Corsico. Corepla ya aportaba cerca del 70 % de la facturación de Synextra. Las escuchas citadas en la causa describen el contrato como un acuerdo en el que cada parte manejaba su material a su antojo.

Las juezas Paola Pendino (presidenta), Giulia Cucciniello (ponente) y Maria Profeta concluyeron que las «alarmantes» irregularidades también eran evidentes para Corepla, pero que ningún directivo actuó contra ellas ni se planteó las posibles consecuencias penales. La situación fue «sistemáticamente minimizada» por los responsables del consorcio, que la reducían como mucho a un incumplimiento contractual en lugar de realizar inspecciones o auditorías eficaces. En una conversación intervenida que recoge la resolución, un interlocutor se queja de que «en Synextra están montando un lío, yo no entiendo nada, nadie entiende nada, hacen lo que quieren». Las juezas atribuyen la inacción a un interés reputacional: aparentar que se cumplían los objetivos de reciclaje.

Un consorcio sin ánimo de lucro con 845 millones de euros de facturación

Corepla agrupa a 2.426 productores y declara una facturación anual de 845 millones de euros con unas pérdidas de 15 millones de euros en 2024. Es una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica de derecho privado pero finalidad de interés público; sus estatutos siguen un esquema del Ministerio de Medio Ambiente junto con el Ministerio de Actividades Productivas, que designan entre ambos a dos miembros del órgano de control.

El consorcio opera dentro de CONAI, el consorcio nacional de envases, que colabora con la recogida selectiva municipal mediante convenios específicos y agrupa seis consorcios por material: acero, aluminio, papel y cartón, madera, vidrio y plástico. Corepla se financia por dos vías: la contribución ambiental CONAI que pagan las empresas por los envases puestos en el mercado italiano y los ingresos por la venta del material valorizado aguas abajo de la recogida selectiva. El administrador judicial se nombra por un año al amparo del artículo 34 del decreto legislativo 159/2011, una medida pensada para la negligencia y no para la complicidad penal, con el encargo de sanear una relación que el consorcio no supo corregir por sí solo.