El tabaco ilegal cuesta 13.000 millones de euros al año a los presupuestos de la UE

El mercado negro erosiona los ingresos y la política sanitaria

El comercio ilegal de tabaco provoca cada año pérdidas de unos 13.000 millones de euros en los presupuestos de la Unión Europea y sus Estados miembros por la elusión de aranceles, IVA e impuestos especiales. Así lo recoge un informe del Tribunal de Cuentas Europeo del que informaron elDiario.es y 20minutos. Los auditores describen una respuesta europea fragmentada y con lagunas persistentes que la delincuencia organizada puede explotar entre países.

Los productos ilícitos representaron en 2023 el 8,8 % del consumo total de cigarrillos de la UE, según elDiario.es. El problema ya no se limita al cigarrillo convencional: el mercado ilegal de productos como los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado se acerca a 21.000 toneladas en la UE. Los nuevos productos suponen el 13 % del valor de mercado de los artículos de tabaco vendidos en el bloque y resultan especialmente atractivos para los consumidores jóvenes.

La producción se acerca al consumidor europeo

Los grupos delictivos organizados han trasladado estratégicamente la producción desde Ucrania hacia la UE para acortar la cadena de suministro y acceder de forma más directa a los consumidores, indica la auditoría. Las definiciones de contrabando y fabricación ilegal, junto con las penas correspondientes, difieren de forma marcada entre Estados miembros. Los auditores advierten de que estas divergencias animan a las redes a instalarse en jurisdicciones con sanciones menos severas.

Una operación de 2023 ilustra la escala industrial del negocio. Las autoridades españolas, con apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, desmantelaron la mayor fábrica ilegal de cigarrillos detectada hasta entonces en España. La red transnacional también operaba en Polonia, Ucrania, Rumanía, Grecia, Eslovaquia e Italia. Hubo 20 detenidos y se incautaron aproximadamente 31 toneladas de tabaco crudo valoradas en 5 millones de euros, además de casi 3 millones de cajetillas falsificadas con un valor de mercado de 15 millones de euros.

Otras cifras de la OLAF citadas por elDiario.es recogen más de 427 millones de cigarrillos ilegales incautados en todo el mundo, de los cuales 219 millones fueron interceptados en las fronteras exteriores de la UE. Las autoridades también confiscaron 411 kilogramos de tabaco crudo y 53,6 kilogramos de tabaco para pipa de agua, evitando más de 178 millones de euros en pérdidas para los presupuestos públicos.

Las diferencias de competencias abren brechas de control

La auditoría examinó Bélgica, España, Polonia y Rumanía por su relevancia en incautaciones, detección de fábricas ilegales, rutas de tráfico y posición geográfica, y encuestó a los otros 23 Estados miembros. Las aduanas de Bélgica, España y Polonia disponen de amplias competencias para dirigir investigaciones penales y redadas. La aduana rumana se limita a investigaciones administrativas y depende de las fuerzas de seguridad en las causas penales. Solo Polonia cuenta con una estrategia nacional dedicada al tabaco ilegal; los otros tres países aplican marcos más amplios.

España recibió, no obstante, una valoración positiva por sus controles especializados. Según 20minutos, los auditores señalaron como buena práctica su centro permanente de cooperación operativa, activo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Las aduanas españolas pueden coordinar operaciones tácticas y dirigir investigaciones penales, mientras que las normas nacionales regulan en distintos grados el tabaco crudo y la maquinaria de producción.

El intercambio transfronterizo de inteligencia sigue siendo lento o incompleto. En muestras de 10 incautaciones por cada Estado auditado, la información llegó a la autoridad competente de otro país solo en 2 a 5 casos, según el Estado. Las responsabilidades también están repartidas entre OLAF, Europol, DG TAXUD, DG SANTE, EMPACT y LEWP-C, sin una entidad que ejerza un liderazgo claro o centralice la coordinación.

Las reglas para la maquinaria incautada revelan otra brecha. Polonia permite destruir inmediatamente ciertos equipos, mientras que en otros países los obstáculos legales obligan a pagar un almacenamiento prolongado. La ley rumana permite subastar la maquinaria decomisada sin controles eficaces que impidan su retorno a la producción clandestina. Los auditores también cuestionaron los acuerdos voluntarios confidenciales entre las tabacaleras y cerca de la mitad de los Estados miembros. Los convenios vinculantes de OLAF con British American Tobacco e Imperial Tobacco Limited, firmados en 2010 y vigentes hasta 2030, nunca se han actualizado pese a los cambios del mercado.