Rusia endurece el control del metanol tras detectar unas 280 toneladas ilegales

Rusia crea un sistema unificado de control

Rusia está reforzando la supervisión de la producción, distribución y manipulación de metanol después de años sin una regulación unificada. El nuevo régimen prohíbe la venta minorista y la circulación del producto por particulares, además de imponer requisitos sobre advertencias, almacenamiento, transporte y destrucción.

Sergey Ryabukhin, vicepresidente primero del Comité de Presupuesto y Mercados Financieros del Consejo de la Federación, declaró a Parlamentskaya Gazeta que la legislación busca reducir las intoxicaciones sin perjudicar los usos industriales legítimos. El metanol se emplea en productos que van desde los plásticos hasta la gasolina, y algunos países también lo utilizan como combustible.

El metanol y los líquidos que lo contienen deberán llevar advertencias que identifiquen claramente su carácter peligroso. Salvo algunas excepciones, el producto también tendrá que desnaturalizarse para impedir su consumo como alcohol. El proceso deberá conservar sus principales propiedades químicas, una condición relevante para fabricantes y compradores industriales.

Las incautaciones revelan brechas en el suministro

Según datos del Ministerio de Industria y Comercio citados por Parlamentskaya Gazeta, las autoridades han encontrado este año unas 280 toneladas de metanol y líquidos con metanol ilegales. La mayor parte correspondía a líquidos limpiaparabrisas, aunque también se detectó metanol en un antiséptico.

Ryabukhin afirmó que semejante volumen no puede explicarse por escapes accidentales de la producción. El Gobierno estudia por ello un sistema de trazabilidad que registre cuánto metanol se produce, se vende y permanece almacenado. Las diferencias entre esas cifras permitirían a los inspectores investigar posibles desvíos hacia canales ilegales.

El modelo previsto podría inspirarse en los controles ya aplicados al mercado ruso del alcohol. Las autoridades también preparan propuestas para bloquear páginas web que ofrecen metanol. Ryabukhin indicó que las iniciativas correspondientes podrían presentarse el próximo año, una vez realizada una evaluación provisional de la regulación.

Las mayores sanciones elevan el riesgo empresarial

Las empresas que vendan metanol al por menor pueden recibir multas de entre 200.000 y 300.000 rublos. También podrán confiscarse los productos ilegales y los equipos empleados para fabricarlos. En el caso del metanol ilegal presente en artículos como líquidos limpiaparabrisas, la sanción máxima subió de 2.000 a 50.000 rublos, según la entrevista.

Los casos más graves conllevan responsabilidad penal. Quien cause la muerte de dos o más personas por intoxicación con metanol puede ser condenado a hasta 10 años de prisión. Ryabukhin subrayó que la eficacia de las normas dependerá de que los organismos de control las estudien y apliquen de manera constante.

Los usuarios industriales necesitarán más documentación

La ampliación del régimen obligará previsiblemente a fabricantes, distribuidores, almacenes, transportistas y consumidores industriales a mantener registros más detallados y reforzar la verificación de sus contrapartes. El etiquetado y la desnaturalización también añadirán operaciones, sobre todo para empresas que manejan metanol a granel o lo incorporan a otros productos.

La justificación sanitaria es considerable. Una dosis de 5-10 gramos de metanol puede causar una intoxicación grave, mientras que la dosis letal comienza en 30 gramos. Las estadísticas oficiales registran unas 1.500 intoxicaciones anuales, y el metanol representaba aproximadamente el 10 % de las causadas por productos con alcohol.

Rusia ha aprobado más de 30 leyes en nueve años para combatir el mercado ilegal de alcohol. Ryabukhin señaló que durante ese periodo las intoxicaciones bajaron casi un 40 %, la mortalidad relacionada con el alcohol cayó un tercio y la producción ilegal se redujo a la mitad. La siguiente fase someterá el metanol a una mayor trazabilidad, convirtiendo la precisión de los inventarios y la documentación de sus movimientos en obligaciones centrales para los operadores legales.