← Volver a noticias

Rumanía multa a 21 empresas de semillas y fitosanitarios con 83,2 millones de lei

El Consejo de la Competencia de Rumanía impuso multas por un total de 83,2 millones de lei, unos 15,9 millones de euros, a 21 empresas de semillas y productos fitosanitarios. La investigación se centró en contratos y campañas de vales que habrían limitado la autonomía de los distribuidores para fijar los precios cobrados a los agricultores.

Rumanía multa a 21 empresas de semillas y fitosanitarios con 83,2 millones de lei

Competencia sanciona a proveedores de insumos agrícolas

El Consejo de la Competencia de Rumanía impuso multas por un total de 83,2 millones de lei, equivalentes a unos 15,9 millones de euros, a 21 empresas activas en los mercados de semillas y productos fitosanitarios. Según Mediafax y Adevărul, la autoridad concluyó que productores y distribuidores habían acordado los precios de reventa de determinados productos destinados a los agricultores.

La investigación abarcó la producción y comercialización de semillas de cultivo y productos para la protección de los cultivos. La autoridad identificó acuerdos entre Pioneer Hi-Bred România, Corteva Crop Solutions România, anteriormente DuPont România, y Maisadour Semences România, junto con sus distribuidores. Las condiciones para revender ciertos productos se habrían establecido mediante cláusulas contractuales y sistemas de vales utilizados durante las campañas agrícolas.

Los vales limitaron la libertad de precios

En el sistema analizado, los productores entregaban directamente a los agricultores vales que indicaban los productos incluidos y los descuentos disponibles. El agricultor podía elegir al distribuidor, pero el precio final aplicado al utilizar el vale ya había sido acordado entre el fabricante y el vendedor. El Consejo de la Competencia sostuvo que este mecanismo permitía a los productores influir en los precios del mercado. A cambio, los distribuidores obtenían volúmenes de venta más previsibles y, en algunos casos, descuentos por participar en las campañas.

El presidente del Consejo de la Competencia, Bogdan Chirițoiu, señaló que la autoridad no se opone a los vales como instrumento comercial. La infracción aparece cuando el precio recomendado por el productor se convierte en la práctica en un precio fijo y obligatorio. Los distribuidores deben poder fijar sus precios de manera independiente para que los agricultores se beneficien de la competencia y de posibles descuentos adicionales. La legislación rumana prohíbe los acuerdos y prácticas concertadas que restrinjan la competencia, incluida la fijación directa o indirecta de precios de compra o venta.

Agrii recibe la mayor sanción

Agrii recibió la mayor multa individual, de casi 17,9 millones de lei. La sanción a Pioneer ascendió a 14,47 millones de lei y la de Corteva a 6,32 millones de lei. La autoridad aplicó a los productores porcentajes sobre la facturación superiores a los utilizados para los distribuidores, al considerar que tuvieron una participación más intensa e iniciaron el mecanismo de fijación de precios.

15 de las 21 empresas sancionadas reconocieron la infracción y obtuvieron reducciones: Pioneer, Corteva, Maisadour, Agroind, Agrotex, Alcedo, Ameropa, Biochem, Chemark, Divasol, Firstgrain, Kwizda, Moldova Farming, Promat y Rodbun. Por separado, Agricover solicitó acogerse al programa de clemencia del Consejo de la Competencia y obtuvo inmunidad frente a la multa.

Una investigación de casi cuatro años

El caso se hizo público en noviembre de 2022, cuando la autoridad abrió una investigación sobre posibles acuerdos de precios entre proveedores y distribuidores y realizó inspecciones sin previo aviso. La pesquisa se amplió posteriormente. En agosto de 2025, los inspectores acudieron a Agrii România, Agro-Est Muntenia, Alcedo, Ameropa Grains, Biochem, Chemark ROM, Kwizda Agro România, Moldova Farming y Plantagro-Com tras encontrar indicios de la posible participación de más distribuidores.

La autoridad también examinó la relación entre Monsanto România y sus distribuidores, pero no encontró pruebas suficientes para concluir que los precios recomendados se hubieran convertido en precios de reventa fijos y obligatorios mediante un acuerdo contrario a la competencia. Las decisiones del Consejo de la Competencia son ejecutivas y las multas ingresan en el presupuesto estatal a través de la administración tributaria rumana ANAF. La resolución se publicará después de retirar la información confidencial.

Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, ofrecer contenido personalizado y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo", usted acepta nuestro uso de cookies. Puede gestionar sus preferencias o obtener más información en nuestra Política de privacidad.