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Madagascar investiga las importaciones de arroz tras caer la cuota de productores locales

Madagascar investiga si el aumento de las importaciones de arroz elaborado y partido está causando un daño grave a los productores nacionales. El proceso podría derivar en aranceles, cuotas u otras restricciones temporales compatibles con la OMC, aunque la escasa oferta interna eleva el riesgo para los precios.

Madagascar investiga las importaciones de arroz tras caer la cuota de productores locales

La investigación abarca arroz elaborado y partido

La Agencia Nacional de Medición de Resultados y Análisis de Políticas Públicas de Madagascar, ANMCC, abrió a finales de agosto una investigación de salvaguardia sobre varias categorías de arroz importado. Según informó La Tribune, el procedimiento, notificado a la Organización Mundial del Comercio a principios de septiembre, comprende arroz descascarillado, semiblanqueado o blanqueado —pulido o glaseado— y arroz partido.

La agencia analizará si el incremento de las importaciones ha causado, o amenaza con causar, un daño grave a la industria arrocera nacional. Si se demuestran el perjuicio y el vínculo causal, las autoridades podrían imponer temporalmente derechos aduaneros adicionales, contingentes de importación u otras restricciones compatibles con las normas de la OMC.

Los importadores, exportadores y demás partes interesadas disponen de 30 días desde la publicación del aviso de apertura para registrarse ante la ANMCC y presentar observaciones. Los cuestionarios deberán devolverse dentro de los 30 días laborables siguientes a su recepción. La agencia también puede celebrar audiencias públicas por iniciativa propia o a petición de una parte interesada.

Las importaciones se triplican mientras baja la producción

Según las cifras citadas por La Tribune, las importaciones de arroz de Madagascar pasaron de 262.002 toneladas en 2024 a 800.812 toneladas en 2025, más del triple en un año. La producción y las ventas nacionales habrían disminuido un 25,6 % y un 25,4 %, respectivamente, entre 2023 y 2025. La cuota de mercado de la industria nacional cayó del 84 % al 67 % durante el mismo periodo.

La investigación llega mientras el Gobierno intenta proteger a los agricultores sin encarecer el principal alimento básico del país. La Ley de Finanzas rectificativa de 2026 contemplaba restablecer un impuesto del 20 % sobre determinadas categorías de arroz importado, acompañado de un IVA del 5 %. La medida se dirigía principalmente al arroz de mayor calidad, denominado con frecuencia arroz de lujo, y pretendía mejorar la competitividad de la producción local.

Las autoridades suspendieron temporalmente el gravamen en agosto porque la oferta nacional seguía siendo débil y se acercaba el periodo de escasez estacional. Restringir las importaciones podría apoyar a los productores y reducir la salida de divisas, pero una intervención rápida también podría elevar los precios minoristas y aumentar la presión sobre los hogares de menores ingresos. El Fondo Monetario Internacional señaló que los aranceles a la importación de arroz se eliminaron en 2005 y que tanto el arroz nacional como el importado están exentos de IVA desde julio de 2008.

La productividad sigue siendo la prueba a largo plazo

Madagascar aspira a alcanzar la autosuficiencia arrocera en 2027 y producir 11 millones de toneladas de arroz con cáscara en 2030. La producción aumentó de 2,6 millones de toneladas en 2002 a aproximadamente 5,3 millones de toneladas en 2023, pero sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda interna. El consumo supera los 150 kilogramos de arroz por persona al año, según datos citados por el FMI.

El FMI estima que el rendimiento teórico podría alcanzar hasta 11 toneladas por hectárea en condiciones óptimas, frente a las 2,75 toneladas por hectárea actuales. Por ello, la estrategia arrocera de Madagascar para 2022-2030 combina la ampliación del regadío, la rehabilitación de tierras, sistemas de cultivo intensivos y mejorados, mecanización y semillas subvencionadas. El Gobierno se ha fijado un rendimiento medio de 5,47 toneladas por hectárea para 2030. Estas medidas determinarán si la protección comercial ofrece solo un alivio temporal o permite reducir de forma duradera el déficit de oferta.

Análisis completo del mercado

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