Grecia se suma al bloque de 10 países de la UE que exige cambios al carbono sobre combustibles
Grecia y otros nueve Estados de la UE piden revisar el ETS2 y flexibilizar las reglas del mercado de carbono. La disputa enfrenta el coste para consumidores e industria con los incentivos para reducir emisiones del transporte y la calefacción.
Diez países cuestionan el coste de carbono sobre los combustibles
Grecia se ha unido a otros nueve países de la Unión Europea para pedir a la Comisión Europea que flexibilice las reglas previstas para el mercado de carbono y reconsidere un nuevo gravamen sobre los combustibles fósiles utilizados en el transporte y la calefacción. La iniciativa crea un obstáculo político considerable para el intento de extender el precio del carbono más allá de las grandes instalaciones industriales hacia sectores donde hogares y empresas perciben los costes de forma más directa.
El grupo también incluye a Italia, Polonia, Bulgaria, Chipre, Chequia, Estonia, Hungría, Rumanía y Eslovaquia. Según informó in.gr, citando una declaración conjunta obtenida por Reuters, esos gobiernos sostienen que los ciudadanos europeos no deben afrontar nuevos impuestos climáticos en las actuales condiciones económicas y geopolíticas. Reclaman que el ETS2 se aborde durante la próxima revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE y vuelva a examinarse con cuidado.
La Comisión tiene previsto presentar el viernes un proyecto de revisión del sistema de emisiones. El régimen vigente obliga a las industrias contaminantes a pagar por sus emisiones de dióxido de carbono, mientras que el ETS2 pretende asignar un coste de carbono a los combustibles del transporte por carretera y los edificios. Su diseño determinará para proveedores, transportistas, mercados de calefacción y consumidores intensivos en energía la velocidad con la que los nuevos costes recorren las cadenas de suministro.
El coste para los consumidores divide a los gobiernos
Alemania y Suecia figuran entre los países que apoyan la medida como instrumento contra el cambio climático, de acuerdo con in.gr. Sus defensores consideran que unas señales de precio más fuertes son esenciales para reducir las emisiones de vehículos y sistemas de calefacción. En estos sectores, el cambio depende de las inversiones de millones de consumidores y empresas, y no solo de un número limitado de grandes plantas industriales.
También argumentan que los ingresos del gravamen se reinvertirían para ayudar a los ciudadanos a adoptar tecnologías limpias. Ese mecanismo busca reducir la carga neta para los consumidores. Sin embargo, los gobiernos contrarios temen que los combustibles se encarezcan antes de que hogares y empresas puedan permitirse vehículos alternativos, nuevos equipos de calefacción o mejoras de eficiencia energética.
La Comisión ya aplazó un año la revisión del mercado de carbono ante las objeciones de algunos gobiernos preocupados por los precios al consumidor. Ha declarado que no desea modificar más el plan antes de su aplicación, ya que las empresas necesitan tiempo y seguridad regulatoria para prepararse. Aun así, los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo podrían introducir enmiendas durante la negociación y votación de la revisión, incluidos cambios en el cálculo o la aplicación de los cargos del ETS2.
Los derechos gratuitos abren otro frente industrial
Los 10 gobiernos también buscan cambios para los participantes industriales del mercado de emisiones. Su declaración pide más derechos de emisión gratuitos sin condiciones estrictas. La Comisión, en cambio, planea reservarlos para las empresas que se comprometan a invertir en descarbonización.
La diferencia afecta a la decisión de los productores entre destinar capital a equipos más limpios, absorber mayores costes regulatorios o trasladarlos a los clientes. Más derechos sin condiciones podrían proteger a corto plazo los márgenes y la competitividad industrial. Vincularlos a la inversión conserva un incentivo más fuerte para modernizar la producción, pero puede elevar las necesidades de financiación.
La coalición contraria cuenta con suficientes votos en el sistema de la UE para bloquear las modificaciones que rechace, según in.gr. La revisión dependerá por tanto de un acuerdo que atienda la capacidad de pago de los hogares, la competitividad industrial y la credibilidad de los objetivos de emisiones. Para proveedores energéticos y fabricantes, importan tanto el precio final del carbono como el calendario, las condiciones y la previsibilidad de las reglas para invertir.