El crimen organizado afianza su control sobre la tala ilegal y el mercado de la madera en México
Los grupos criminales en México pasaron de extorsionar a los taladores a controlar directamente territorios forestales, decidiendo quién puede cortar y vender madera. Estudios oficiales estiman que la tala ilegal cuesta al Estado hasta 20,745 millones de pesos anuales en ISR y provoca al menos 8% de la deforestación bruta.
De la extorsión al control territorial
Las organizaciones criminales en México pasaron de extorsionar a los taladores a controlar directamente territorios forestales, según un reportaje de omnia.com.mx. Los grupos armados deciden quién puede cortar árboles, someten a los ejidatarios, se apoderan de aserraderos, vigilan las rutas de transporte y colocan la madera en el mercado con documentos alterados. Una iniciativa presentada ante el Senado en 2025 advirtió que la tala clandestina se convirtió en un negocio de gran escala, mientras un reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reconoce que la corrupción, la falta de vigilancia, la impunidad y la presencia de grupos delictivos facilitan la extracción y el lavado de madera para uso comercial.
La magnitud de las pérdidas
El estudio oficial «Estimación de las pérdidas económicas por la tala ilegal en México», elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), calculó tres niveles de ilegalidad. En el escenario donde el 70% de la madera consumida tiene procedencia ilícita, el Estado dejó de recaudar entre 14,818 y 20,745 millones de pesos anuales por ISR. Estima que la tala ilegal provoca al menos 8% de la deforestación bruta —alrededor de 16,640 hectáreas cada año— con pérdidas de servicios ambientales que pueden alcanzar 1,033 millones de pesos.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene identificadas 122 áreas críticas por ilícitos forestales, 13 de ellas dentro de zonas naturales prioritarias. Entre ellas figuran el Bosque de Agua, que une a la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México; el Parque Nacional La Malinche, entre Puebla y Tlaxcala; el Pico de Orizaba, entre Puebla y Veracruz; y la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, en Michoacán.
Cárteles, corredores y rutas de exportación
Los informes ubican tala clandestina, lavado de madera o invasiones forestales en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Sonora, Durango, Sinaloa, Querétaro, Nayarit, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En Chihuahua, una investigación de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional identifica a facciones del Cártel de Sinaloa —entre ellas Los Salazar y Flechas MZ— en la explotación armada de la Sierra Tarahumara y el Triángulo Dorado. Con información atribuida a la Agencia de Investigación Criminal, señala que La Línea, brazo del Cártel de Juárez, disputa el corredor maderero de Bocoyna y que jóvenes indígenas son reclutados por la fuerza como taladores o vigilantes en municipios como Maguarichi, Guerrero, Uruachi, Ocampo, Madera y Guadalupe y Calvo.
En Michoacán, un reportaje de Bloomberg Businessweek relaciona la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos con la extorsión a la industria del aguacate y el despojo de terrenos forestales para abrir nuevas huertas. El mismo trabajo ubica a Los Tena, una escisión de Los Caballeros Templarios, en el despojo de predios de Aquila y en el contrabando de maderas protegidas como sangualica o granadillo hacia China. En Guerrero, grupos armados como Los Viagras y Los Maldonado imponen la tala en la Sierra de Petatlán y Tierra Caliente y trasladan la madera en camiones con placas de Michoacán.
Vacíos de control
En Chiapas, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados reportó un crecimiento superior a 500% del tráfico de madera en Ocosingo, Palenque y otras zonas. Durante 2025, la Profepa documentó el aseguramiento de 22 rollos de oyamel en Ocuilan, dentro del Bosque de Agua. El Informe de Autoevaluación 2023 de la Conafor señala que destinó 49.26 millones de pesos a 236 proyectos que abarcan 275,801 hectáreas de manejo forestal sustentable, además de certificados de cadena de custodia y mecanismos de trazabilidad. Aun así, la comisión concluye que la madera ilegal sigue desplazando a los productores autorizados porque no paga impuestos, permisos ni programas de manejo, mientras la insuficiente inspección y la impunidad permiten a los grupos criminales controlar la explotación, el transporte y la venta.
