El comercio ilegal de tabaco sigue siendo un problema grave para la UE

De las fábricas sin licencia al contrabando transfronterizo

El comercio ilegal de tabaco sigue siendo un problema grave para la Unión Europea: desde la producción clandestina hasta el contrabando, con efectos negativos sobre las finanzas del bloque, la salud pública y la seguridad. Detrás hay dos canales de suministro distintos, y cada uno exige una respuesta diferente. Ninguno es un fenómeno nuevo y ninguno ha desaparecido con las sucesivas rondas de regulación.

El primero es la fabricación sin licencia. Las líneas de producción pueden instalarse dentro de la propia UE, cerca de los mercados de consumo a los que abastecen, lo que elimina la necesidad de cruzar la frontera exterior del bloque con el producto terminado. Esas instalaciones las localizan la policía y los inspectores fiscales, no los funcionarios de aduanas en un paso fronterizo. Aun así, la hoja de tabaco, los filtros, el papel y la maquinaria tienen que llegar hasta allí, y ahí aparece un punto de control práctico.

El segundo es el contrabando clásico: producto fabricado fuera de la UE que entra por puertos, pasos terrestres, paquetería y flujos de pasajeros, y que luego se distribuye por canales informales de venta. Ambos canales confluyen en el mismo mercado final: cigarrillos y otros productos del tabaco vendidos sin impuestos especiales ni IVA, al margen de las normas de etiquetado, composición y trazabilidad que rigen para el comercio legal. El comprador final suele desconocer el origen del paquete o le resulta indiferente.

El coste fiscal

El tabaco es uno de los bienes de consumo con mayor carga impositiva de la Unión Europea, de modo que cada unidad vendida ilegalmente es una pérdida directa para las arcas públicas. Los impuestos especiales y el IVA se ingresan en los tesoros nacionales, mientras que los derechos de aduana sobre las importaciones forman parte de los recursos propios del presupuesto de la UE. La recaudación perdida complica además la propia aritmética de la fiscalidad del tabaco: los gobiernos suben los tipos tanto para reducir el consumo como para recaudar, y un mercado ilícito en expansión socava ambos objetivos a la vez.

• Impuestos especiales e IVA que los Estados miembros nunca llegan a recaudar.
• Fabricantes, distribuidores y minoristas con licencia que pierden volumen frente a un producto que compite solo por precio.
• La política fiscal pierde fuerza como instrumento de gestión de la demanda.
• Los ingresos van a parar a las redes organizadas que controlan el suministro.

Salud pública y control del producto

El producto ilegal queda fuera del marco de control construido alrededor del legal. No lleva advertencias sanitarias verificadas, no cumple requisitos de composición ni de envasado y no puede rastrearse ni retirarse del mercado. Tampoco existe un fabricante registrado que pueda ejecutar una retirada, y el comprador no tiene forma de saber qué está fumando.

El atractivo es el precio. El producto sin impuestos se sitúa por debajo del precio legal en el lineal, lo que resta eficacia a la fiscalidad como instrumento de salud pública, la principal palanca de los gobiernos para contener el consumo. Donde la cuota ilícita es significativa, las estadísticas oficiales de ventas e importaciones también reflejan menos tabaco del que realmente se consume.

Seguridad y aplicación de la ley

La dimensión de seguridad sigue al dinero. El tabaco ilícito es rentable y lo manejan redes organizadas que reutilizan las mismas rutas, la misma logística y los mismos contactos que otras líneas de tráfico. Los ingresos financian actividades que van mucho más allá del mercado del tabaco, por eso las aduanas y la policía lo tratan como algo más que una cuestión tributaria, aunque los recursos compitan con otras prioridades.

Cerrar la brecha exige trabajo coordinado entre aduanas, administraciones tributarias y cuerpos policiales de los Estados miembros, y con los países vecinos situados en las rutas de tránsito. Para la cadena legal, del cultivo de hoja a los fabricantes, mayoristas y minoristas, la pregunta práctica es si la aplicación de la ley avanza al ritmo de la política fiscal, porque cada subida del impuesto especial amplía la diferencia de precio que aprovecha el producto ilegal.