Benín prohíbe a los organismos públicos sustituir productos locales por importados sin permiso ministerial
Una circular firmada por el ministro de Economía y Finanzas de Benín, Aristide Médénou, el 4 de septiembre de 2026 obliga a las entidades públicas a adquirir ocho categorías de productos a productores locales habilitados, y permite el recurso a importaciones solo con autorización previa del ministro. Entre 2020 y 2022 el valor medio de los contratos públicos en Benín fue de unos 534.000 millones de francos CFA, cerca del 23 % del presupuesto general. El arroz muestra el límite: 492.626 toneladas de arroz cáscara en 2023 dieron unas 350.000 toneladas de arroz elaborado frente a un consumo estimado cercano a 600.000 toneladas.
Desde principios de septiembre las administraciones de Benín no pueden sustituir un producto local por uno importado sin el visto bueno del ministro, en virtud de una circular que convierte la compra pública en un instrumento de política industrial, según informó La Nouvelle Tribune.
La carta circular, firmada por el ministro de Economía y Finanzas, Aristide Médénou, el 4 de septiembre de 2026 y publicada por el regulador de la contratación pública ARMP el 10 de septiembre, obliga a administraciones, instituciones y otras entidades públicas a comprar ocho categorías de productos a artesanos, unidades de producción y empresas locales habilitadas. La lista abarca desde el arroz y el gari hasta los zumos, los jabones, los uniformes, el mobiliario escolar y los ladrillos.
La importación pasa a ser la excepción
Lo que cambia en la práctica es la vía de salida. Reemplazar un producto local incluido en la lista por uno importado requiere ahora autorización previa del ministro, y la regla se aplica a toda la cadena, desde la expresión de la necesidad hasta la recepción del pedido. Los bienes adquiridos deben cumplir además las normas y exigencias de calidad del repertorio nacional de precios de referencia, el Répertoire des prix de référence. La versión en línea de la lista de productos fabricados localmente se publicó el 13 de septiembre.
La palanca es considerable. Entre 2020 y 2022 el valor medio de los contratos públicos adjudicados en Benín se situó en unos 534.000 millones de francos CFA, cerca del 23 % del presupuesto general del Estado, según un estudio publicado en la Revue internationale des sciences de gestion. Un comprador que representa casi una cuarta parte del presupuesto puede transformar la cartera de pedidos de una carpintería, de una pequeña almazara o de un molino arrocero de barrio.
El arroz mide la brecha
El arroz, citado expresamente en la lista, ilustra a la vez la oportunidad y el límite. La cosecha de arroz cáscara alcanzó 492.626 toneladas en 2023, según la Dirección de Estadística Agrícola, pero solo rindió unas 350.000 toneladas de arroz elaborado. La Cámara de Comercio e Industria de Benín estimó el consumo interno en cerca de 600.000 toneladas, según recoge Agence Ecofin. La diferencia se cubre con importaciones, procedentes sobre todo de Asia.
El cuello de botella está en la molienda. El proyecto de apoyo a la competitividad de las cadenas agrícolas y a la diversificación de las exportaciones (PACOFIDE) recuerda que el segmento está dominado por pequeños molinos artesanales de 1 a 10 toneladas diarias, a menudo sin vínculo con las organizaciones de productores. Una demanda pública estable les daría lo que más les falta: un comprador regular y una base para invertir en clasificación, secado y envasado.
Reglas de acceso y riesgo de precios
La elegibilidad sigue siendo un filtro. La agencia de desarrollo de las pymes recuerda que una empresa debe estar formalizada para recibir un contrato oficial. El marco se flexibiliza en paralelo: una circular de la ARMP firmada el 26 de agosto de 2026 pide reservar el rechazo de ofertas a los incumplimientos que afecten realmente a las exigencias esenciales del expediente. Una campaña nacional celebrada del 15 al 18 de septiembre explicó esa regla a 2.268 actores de la contratación pública.
La medida conlleva un riesgo de precios. Si los pedidos públicos absorben una parte importante de una producción local todavía limitada, los precios podrían subir para los hogares, inquietud señalada junto con la propia medida, correspondiendo al Estado el papel de regulador del mercado. El resultado se leerá en los próximos meses en las cantidades entregadas, la constancia de la calidad y unos precios soportables.
Los proveedores acogen bien el cambio. «Cada año es lo mismo: la cosecha está ahí, pero hay que buscar al comprador. A menudo es quien llega con el dinero en la mano el que fija el precio», afirma Ahissou Tohossi, miembro de una cooperativa de productores de arroz del valle del Ouémé, que añade que todavía no ha recibido ningún pedido. Athanase Dégan, carpintero y titular de una guarnicionería en Abomey-Calavi, señala que los contratos regulares le permitirían mantener a sus aprendices, comprar buena madera y mejorar los acabados, aunque reconoce que deberá cumplir plenamente con las normas.
